Echaíz retrocede en la lucha anticorrupción

Echaíz retrocede en la lucha anticorrupción

Berrú-Echaíz

El jueves 13 de enero la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz (derecha), sacó a la fiscal Marlene Berrú (izquierda) del sistema anticorrupción. La fotografía corresponde a una fiesta de año nuevo organizada por el Ministerio Público.

“Por fin vas a estar donde no vas a volver a joder”, dijo una mujer de voz ronca, y cortó la comunicación. Era alrededor de las 8 y 20 de la mañana del martes 11 de enero pasado, cuando la fiscal Marlene Berrú, titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, recibió esa llamada desde un número privado.

A lo largo de su ejercicio como fiscal, Berrú se enfrentó a personajes con poder y a mafias que ejercieron diversas presiones para orientar los casos a su favor. Cuando denunció a los generales ‘gasolineros’, por ejemplo, fue blanco de acciones legales por parte de los investigados, que utilizaron toda la gama de trucos procesales para eludir su, en muchos casos, evidente responsabilidad.

Berrú estaba, por eso, acostumbrada a presiones y amenazas. Pero en esta ocasión, la predicción de la mujer ronca sí se concretó. Dos días después, sin ninguna explicación, por disposición de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, la sacaron del sistema anticorrupción.

Fue la única fiscal anticorrupción removida del cargo. Y ciertamente no la sacaron por ineficacia. Berrú alcanzó el año pasado el primer puesto de productividad en Lima y el segundo a nivel nacional. Además, es la que tomó los casos más difíciles y los llevó con gran energía y contracción al trabajo.

¿Cuál fue la circunstancia utilizada para el despido? El jueves 13 de enero entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en las fiscalías del distrito judicial de Lima. En medio de la reestructuración y reorganización de las fiscalías, la fiscal de la Nación aprovechó para sacar a la más eficiente fiscal anticorrupción.

 

Esto sucedió poco antes que renunciara Avelino Guillén a la Fiscalía Suprema de Control Interno, en la que dirigía, también con eficiencia, la lucha contra la corrupción dentro del Ministerio Público. Con la salida de dos personas cruciales en el ámbito anticorrupción, la eficacia de la acción fiscal quedó seriamente comprometida.

Berrú llevó casos importantes además del que involucró a los generales ‘gasolineros’: la denuncia contra el congresista y primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, por las presuntas irregularidades en la compra de armamento para la Marina de Guerra durante el gobierno de Fujimori;  la denuncia contra ex funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo por las supuestas irregularidades en la concesión del gas de Camisea; y el salvataje financiero del Banco Wiese.

Berrú se enteró de su salida de la fiscalía anticorrupción el mismo jueves 13. Apenas llegó a su despacho revisó las normas legales publicadas en El Peruano y se dio con la sorpresa que había sido cambiada a la 22 Fiscalía Provincial Penal de Lima, especializada en delitos comunes.

A las 3 y 30 de la tarde, mientras Berrú empacaba sus libros, se cortó la electricidad. En medio del apagón, uno de sus asistentes salió al pasillo para verificar cuánto había afectado el corte de luz. Todas las otras oficinas del edificio funcionaban normalmente.

Despacho

Fiscal Marlene Berrú empaca sus archivos personales en su despacho en la fiscalía anticorrupción. (Foto: IDL-Reporteros)

En diálogo con IDL-Reporteros, Berrú sostuvo que “evidentemente este es un mensaje, pero este mensaje no es para mí, es para los que están empezando el Código Procesal Penal … No he tenido temor a ningún tipo de presión. Y el premio es esto, apartarme”.

Eso no fue todo: El 26 de enero, Berrú recibió una notificación de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, a cargo del fiscal superior José Timarchi. El documento señalaba que se le había reabierto una investigación por su actuación como fiscal en la acusación contra la ex primera dama de la Nación, Eliane Karp, por el presunto desvío de una donación de 10 mil dólares recaudados en Ecuador para los damnificados del terremoto que afectó a los departamentos de Tacna, Arequipa y Moquegua, en 2001.

A la luz de los hechos, la advertencia, el despido, y la investigación en Control Interno no parecen ser simples coincidencias.