Rodolfo Orellana: Contra Las Cuerdas

Rodolfo Orellana: Contra Las Cuerdas

Justicia Pese a la jugosa campaña de enjuague publicitario, la Fiscalía Superior contra la Criminalidad Organizada dispone continuar la investigación contra Rodolfo Orellana Rengifo por lavado de activos.

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Rodolfo Orellana Rengifo.

La cuestionada organización que se hace llamar “Fundación Orellana” ha redoblado en las últimas semanas su ya millonario enjuague publicitario en los medios.

Tiene motivos de preocupación.

El pasado martes 16, la Fiscalía Superior contra la Criminalidad Organizada dispuso la continuación de la investigación por lavado de activos contra Rodolfo Orellana, cabeza visible de este grupo.

Se trata de un saludable vuelco en este complejo caso.

En septiembre del año pasado, el titular de la 4a Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada, Luis Arellano Martínez, había dispuesto el archivo definitivo de la investigación.

Pero la fiscal adjunta superior Isabel Flores declaró infundado el fallo de Arellano y dispuso que la investigación prosiga.

La enérgica resolución de la doctora Flores contó con el respaldo del fiscal de la Nación, José Luis Peláez Bardales.

Ahora el caso ha pasado a manos del fiscal Manuel Castro.

La intervención de la Procuraduría de Lavado de Activos, que dirige la doctora Julia Príncipe, fue decisiva en el golpe de timón.

Fue Príncipe quien solicitó, en 2010, que las múltiples investigaciones preliminares a nivel fiscal contra Orellana por tráfico de terrenos, estafa, apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir y otros se agrupen en una sola y compleja investigación.

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Facsímil de la partida de Registros Públicos que registra la venta de un departamento dúplex de Orellana a Ramsay por US$ 89,000, en 2010.

En agosto del 2010, Peláez designó a Arellano como fiscal ad hoc de un solo gran caso por lavado de activos que incluyó a Orellana y a un numeroso grupo de personas naturales y jurídicas vinculadas a él.

La hipótesis central sostiene que Orellana, a través de una amplia red de testaferros, dirigió un singular esquema de estafas y defraudaciones para apropiarse de inmuebles y terrenos.

Entre los afectados figuran el Ministerio de Educación, la Fundación por los Niños del Perú, la Municipalidad de La Victoria, el Scotiabank, el Hospital Hermilio Valdizán y otros.

LA FILTRACIÓN

Sin embargo, el 6 de septiembre del 2012, Arellano declaró “no ha lugar” a formular denuncia penal y dispuso el archivo de la investigación.

Según Arellano, “las transacciones de Orellana, por ser casos de estafa, serian operaciones ficticias; es decir, solo se realizaban aparentemente las transferencias de los inmuebles mediantes contratos sin pagos dinerarios efectivos, por lo que en dicho sentido no se podría señalar que existiría delito de lavado de activos”.

Este argumento fue refutado por la Procuraduría.

Arellano no tomó el testimonio de los testigos principales del caso y se negó a que se realizaran los peritajes contables de rigor.

Tampoco tomó en cuenta una prueba capital: el Informe de Inteligencia Financiera No 22-2012-DAQ que revela “reportes de operaciones (bancarias) sospechosas del investigado Orellana y de vinculaciones con personas investigadas y/o procesadas por narcotráfico”.

Peor aún, Arellano filtró el documento al propio Orellana, a pesar de que estos informes deben mantenerse en estricta reserva para evitar la fuga de capitales.

Ahora, Orellana ha denunciado por presunto abuso de autoridad, fraude y falsedad, al superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa.

Y también lo calumnia en el pasquín que dirige el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca.

Pero el tiro le salió por la culata.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía abrió investigación a Arellano por irregularidades en el ejercicio de su función y elevó su informe a la fiscal superior Flores.

Fue entonces cuando el caso dio el volteretazo.

EL ASESOR

El temor de que vuelvan a presentarse sucesos extraños en la investigación de la Fiscalía es permanente.

Según la Procuraduría de Lavado de Activos, Orellana ha captado a políticos, policías, fiscales, jueces y periodistas en su telaraña.

Un caso que preocupa es el de Daniel Ramsay Romero, asesor del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

CARETAS 2245 reveló que Ramsay figuraba como socio de Orellana en la Cooperativa de Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), una financiera acusada de fraude masivo.

Entonces, Ramsay negó conocer a Orellana y declaró que se retiró de Coopex hace varios años. Pero no dijo toda la verdad.

De acuerdo a documentos de los Registros Públicos, Ramsay adquirió un inmueble a la empresa Orellana Asesores & Consultores S.A.C., en febrero del 2010. Se trataba de un departamento dúplex ubicado en Surco, cuyo valor asciende a US$ 89,000.

“Yo había estado detrás de un inmueble y le llego a comprar un departamento (a Orellana). Me tomó dos años (ocuparlo). La situación fue tensa”, declaró Ramsay, el martes último.

Ramsay admitió ahora que sí conoce a Orellana, pues este lo convocó como gerente comercial del programa televisivo Juez Justo en Canal 11.

Dijo que no recuerda el tiempo en el que trabajó para Orellana, pero dejó el cargo en mayo del 2011 para unirse al staff de asesores de Peláez.

Es decir, cuando la investigación ya estaba en marcha.

Ramsay negó que interfiriera en el trabajo de los fiscales. “Mi función es la de trabajar en coordinación con el Congreso”.

Y añadió: “Recibo a mucha gente que por cuestión de tiempo el fiscal (Peláez) no puede recibir. Gente estafada, a la que le usurpan propiedades”.

Un argumento que, por cierto, coincide con las propagandas masivas de la “Fundación Orellana” en la radio y publicaciones como Juez Justo y Poder: “Somos (una) empresa líder en el saneamiento físico legal de propiedades e inmuebles. Convertimos su problema en un negocio rentable”, anuncian.

“Es indignante ver esta publicidad. Un hombre investigado por la ley que nos toma el pelo a todos”, se lamenta el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, uno de los afectados.

“Es una lavada de cara”, añade el congresista Víctor Andrés García Belaunde. “Lo hace para insertarse en el mundo formal. Pero a nadie engaña. La SUNAT debería intervenir esta campaña millonaria”. (Américo Zambrano, Eduardo García)