Se nombra un Alto Comisionado para la Minería Ilegal

Tomado de La República

La designación del Alto Comisionado para la Minería Ilegal

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó un Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental encargado de la coordinación y supervisión de las acciones contra la minería ilegal.

El Estado ejecuta desde hace algunos meses una estrategia nacional contra la minería ilegal. Con ese propósito se dictaron los decretos legislativos 1005, 1099 y 1100. La primera de estas normas creó la comisión multisectorial para el seguimiento de esta estrategia y las dos últimas declararon de necesidad pública y de interés nacional la lucha contra la minería ilegal y la remediación ambiental.

Esta actividad se ha convertido en gravemente dañosa para la economía y el ambiente. Los datos oficiales reportan que se encuentra presente en 21 puntos del país y ocupa a cerca de cien mil trabajadores. La Defensoría del Pueblo informó hace poco que solo 50% de ellos ha presentado su declaración de compromiso para iniciar el proceso de formalización.

Las normas legales para enfrentar este fenómeno, esperadas hace tiempo, fueron expedidas recientemente. Sin embargo, se encuentran pendientes el cumplimiento de obligaciones vinculadas al registro de formalización, el caso de la ventanilla única, a los planes de erradicación y a la remediación. El Estado ha incumplido sus compromisos de fortalecer el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las fiscalías especializadas y el trabajo policial. En gran medida estos retrasos se deben a las dificultades en el financiamiento; como se sabe, el fondo para el proceso de formalización, que usará para el efecto los recursos provenientes de la lucha contra la minería ilegal, marcha con dilaciones. También adolecen de la falta de normas complementarias para la fiscalización de los insumos químicos.

La lucha contra la minería ilegal implica también que la interdicción sea eficaz hasta las últimas consecuencias.

El Alto Comisionado para la Minería Ilegal tiene frente a sí otras tareas urgentes además de las señaladas. Una de ellas es el seguimiento de los resultados de las 59 acciones de interdicción realizadas en Madre de Dios, Loreto, Junín y Áncash, las 100 investigaciones preliminares en el Ministerio Público y los 9 casos judicializados. Esta labor se dificulta por el creciente poder que asumen los productores ilegales que han alcanzado presencia en los gobiernos municipales y regionales, el Parlamento y el Poder Judicial.

El tema ha llegado a mayores. Informes periodísticos recientes revelaron que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios era parte de la trama minera ilegal a la que sirve incluso en labores de traslado de personal. En esa dirección van las prevenciones del Ministro del Ambiente que propone que el tema de la minería ilegal en Madre de Dios, en vista de la corrupción, se trate en Lima y que existe el riesgo de que, para protegerse, la minería ilegal financie a grupos armados, como ha ocurrido en Colombia.

El país debe ser consciente de que la actividad minera ilegal opera en varios lugares como una mafia y utiliza métodos propios del crimen organizado. Es la puerta de entrada y el crisol de otros delitos, como la prostitución ilegal, evasión tributaria, extorsión, explotación infantil y destrucción del medio ambiente. Estamos a tiempo y es el momento de los resultados.