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Piden a presidente Humala declarar “Estado de Emergencia Ambiental” en Madre de Dios

Medida debe regir para cuenca del río Inambari, sectores Guacamayo, La Pampa, Huepetuhe y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. 

PUBLICADO: 2013-10-15

Servindi, 15 de octubre, 2013.- A raíz de la devastación que ocasiona la minería ilegal e informal en Madre de Dios y que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) solicitó al presidente Ollanta Humala Tasso declarar el “Estado de Emergencia Ambiental” en diferentes puntos de la región.

El pedido lo hizo a través de una carta en la que expresa su preocupación por el daño causado contra fuentes de agua y la biodiversidad y que generan condiciones para el surgimiento de actividades ilícitas como la explotación de mujeres, niños y jóvenes.

La SPDE pidió se declare en estado de emergencia ambiental la cuenca del río Inambari, en los sectores Guacamayo, La Pampa, Huepetuhe y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

La organización señala en la carta, que tiene por fecha 11 de octubre de 2013 y que ingresó ayer a la Presidencia de la República, que la declaratoria permitirá al Estado y a la sociedad civil trabajar de manera conjunta en la remediación y recuperación de las áreas destruidas.

Asimismo, solicita al Gobierno la aplicación de la “Emergencia Sanitaria” en las mismas zonas a fin de proveer de servicios médicos a la población afectada.

La minería es un problema multidimensional y aunque haya una actuación del Estado contra este, no es suficiente, se debe agotar el esfuerzo del Gobierno, resalta la carta.

La Sociedad Peruana de Ecodesarrollo viene trabajando más de 10 años en el país. Durante este tiempo, ha implementado acciones y actividades a través de proyectos especializados en conservación de Áreas Naturales Protegidas, ecosistemas forestales amazónicos, humedales costeros.

Asimismo, desarrolla proyectos de educación e investigación a través de los cuales promueve el Desarrollo Humano Sostenible.

A continuación compartimos el contenido de la carta:

CARTA ABIERTA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR OLLANTA HUMALA TASSO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Reciba los más cordiales saludos a nombre de la institución Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE), organización civil sin fines de lucro, cuyo fin prioritario es consolidar las bases del desarrollo humano sostenible de manera participativa y concertada, desde los aspectos del ordenamiento y gestión territorial; conservación y protección de la biodiversidad, gestión de los recursos naturales y gestión ambiental.

Por medio de la presente, nuestra institución manifiesta su preocupación frente a los graves impactos ambientales, sociales, económicos e institucionales que viene generando la minería ilegal en la región de Madre de Dios, tales como la trata y explotación de mujeres, niños y jóvenes; la contaminación de los cursos de agua, suelo y aire; la destrucción de más de 50,000 hectáreas de bosques primarios[1], la pérdida de biodiversidad, las afectaciones a la salud, entre otros impactos generados por la presencia de organizaciones delictivas que vienen cometiendo delitos ambientales asociados a otros ilícitos.

Al respecto, manifestamos que la minería ilegal es un problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la economía y la estabilidad del Estado democrático de derecho que ostenta nuestro país; situación que se ve agravada por estar conexa a distintas actividades ilícitas tales como trata de personas[2], trabajo infantil, trabajo forzoso, destrucción de ecosistemas, entre otros. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, en las conclusiones emitidas en su Informe N° 001-2013-DP/AMASPPI.MA señala que si bien el Estado peruano ha venido realizando distintas reformas normativas[3] con la finalidad de hacer frente a la problemática de la minería ilegal e informal, dicho avance no agota el esfuerzo del Estado, por el contrario, se requiere una actuación estatal coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, en la cual deben participar todas las instancias competentes en la materia.

Siendo el Estado peruano el ente encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales en el país en sus tres niveles de gobierno, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas pertinentes a fin de lograr dichos objetivos, se encuentra obligado a garantizar y proteger los derechos de todas las personas, adoptando medidas de protección especiales dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Por ello, solicitamos respetuosamente a vuestro despacho, que a fin de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la salud, a un medio ambiente sano y equilibrado, entre otros, que asisten a toda persona; considere aplicar las siguientes medidas:

1. Declarar el “Estado de Emergencia Ambiental”, en las cuencas de los ríos Inambari, Sector Guacamayo, Sector La Pampa, Huepetuhe y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, ubicadas en la región de Madre de Dios[4], como consecuencia del daño ambiental significativo ocasionado por las actividades realizadas por los mineros ilegales e informales, afectando directamente a las poblaciones vulnerables de dichas áreas (niños, mujeres, comunidades nativas y pobladores locales no vinculados a la actividad ); así como por la vulnerabilidad y singularidad que ostenta la biodiversidad, flora y fauna silvestre de toda la Región. La declaratoria de la Emergencia Ambiental en Madre de Dios permitirá al Estado y a la sociedad civil trabajar de manera conjunta en la remediación y recuperación de las áreas destruidas.

2. Declarar en “Emergencia Sanitaria” a las cuencas de los ríos Inambari, Sector Guacamayo, Sector La Pampa, Huepetuhe y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, ubicados en la región de Madre de Dios[5], con la finalidad que el Estado garantice a las poblaciones afectadas por la minería ilegal e informal, el acceso a los servicios de salud, así como a las medicinas, equipos e instrumental necesario para el tratamiento de las enfermedades generadas a propósito de la contaminación por metales pesados y sustancias tóxicas arrojados a los cursos de agua, suelo y aire; la presencia de residuos sólidos sin tratar, la emisión de efluentes contaminantes en las aguas, entre otros generados por la minería ilegal. Asimismo permitirá se activen los mecanismos de coordinación intersectorial para la vigilancia, prevención y control de los factores de riesgos ambientales y sanitarios, que a la fecha constituyen un problema de salud pública.

3. Declarar el “Estado de Emergencia Humanitaria por Desastres” a las cuencas de los ríos Inambari, Sector Guacamayo, Sector La Pampa, Huepetuhe y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, ubicados en la región de Madre de Dios[6], con la finalidad de que el Estado garantice la asistencia humanitaria a las poblaciones vulnerables víctimas de las actividades ilegales y delincuenciales en la zona, mediante la instalación de albergues apropiados para jóvenes, niños y mujeres rescatados de la trata y el trabajo forzado, la administración de campamentos, la reubicación temporal de los pobladores en zonas seguras, la asistencia de salud física y mental, la distribución de bienes de ayuda humanitaria y prestación de servicios, entre otros. Asimismo se investiguen los casos de las muertes y accidentes no reportados ni registrados entre los trabajadores informales.

La adopción de estas medidas no obsta que la sociedad civil, las empresas, organizaciones y población en general participen y contribuyan en los esfuerzos que viene realizando el Estado para afrontar la minería informal e ilegal, siempre en el marco del respeto a la Constitución y de los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, respaldamos las acciones que viene desarrollando el Estado peruano en la lucha contra la minería ilegal, con la finalidad de mantener el orden público y el Estado de Derecho.

Agradeciendo de antemano su gentil atención, hacemos propicia la oportunidad para expresarle nuestros cordiales respetos.

Muy Atentamente,

Miguel De La Cruz Rengifo (DNI: 40724362) – Presidente de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

Lucila Pautrat Oyarzún (DNI: 09670957) – Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

Lima, 11 de Octubre del 2013

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