¿Por qué destruir maquinaria para combatir la informalidad?

(FOTO EN TIEMPO REAL: FACEBOOK DE TANIA PEZO BACA),

La ley dice que las máquinas e insumos incautados deben entregarse al gobierno regional. Ahora mismo en Huepetuhe, Madre de Dios, están siendo dinamitados.

PUBLICADO: 2014-04-30

De acuerdo con el artículo séptimo del D.L. 1100, que regula las interdicciones, toda maquinaria, equipo e insumos decomisados durante un operativo de interdicción como los ocurridos en Huepetuhe entre el lunes y hoy, tienen que ser puestos a disposición del gobierno regional. Existe una carretera que hace viable que sea decomisada y puesta a disposición del Gobierno Regional.

DL 1100: Artículo 7º.- Acciones de interdicción El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perúy la Dirección General de Capitanía y Guardacostas -DICAPI, bajo el ámbito de sus competencias, realizarán partir de recibida la relación detallada a que se refiere el artículo 6º del presente Decreto Legislativo, las acciones de interdicción siguientes:7.1 Decomiso de los bienes, maquinaria, equipos e insumos prohibidos, así como los utilizados para el desarrollo de actividades mineras ilegales conforme al presente Decreto Legislativo; los mismos que serán puestos a disposición del Gobierno Regional correspondiente. 7.2 Destrucción o demolición de bienes,maquinaria o equipos citados en el artículo5º, que por sus características o situación no resulte viable su decomiso

De acuerdo con datos oficiales, hasta el momento, sólo entre los operativos Principio de Autoridad 1 y, el de hoy, el Estado, a través de la PCM, ha hecho volar maquinaria e insumos por un valor veinte millones de dólares. Se trata de 15 retroexcavadoras, 45 generadores de electricidad y bombas de agua, y nueve dragadoras.

LaMula.pe conversó el lunes con el presidente del gobierno regional, el Sr. Jorge Aldazábal, para averiguar cuánta maquinaria, desde que comenzó el auge de la minería en Madre de Dios, ha sido puesta bajo su administración por las interdicciones. Esto fue lo que nos contestó, en transcripción literal:

La Mula: ¿Cuánta de la maquinaria interdictada hasta el momento ha sido puesta bajo disposición del gobierno regional de Madre de Dios?

J.A. A nosotros no nos han dado ninguna maquinaria, no hay ninguna bajo nuestra disposición ni nuestra protección.

La Mula: ¿Ni maquinaría ni insumos?

J.A. Nada, nada.

La Mula: Nada de la maquinaria y los insumos interdictados a revertido a favor del gobierno regional

J.A. Nada, nada, nada.

Dado que existe una carretera que comunica Huepetuhe y Puerto Maldonado, sede del Gobierno Regional, toda esta maquinaria dinamitada hubiese podido pasar a disposición del Gobierno Regional y puesta a trabajar con fines distintos a los de la minería.

El gobierno central parece haber optado por la espectacularidad de las explosiones y los operativos, a los que por lo general asisten como invitados miembros de la prensa, antes que con cumplir una disposición emitida desde el propio Ejecutivo.

Ayer el Ministro Pulgar Vidal declaró que durante estos operativos ningún derecho había sido vulnerado.

Aún si eso es cierto, cabría preguntar si esa maquinaria y esos insumos, que en estos mismos momentos están siendo dinamitados, no podrían ser utilizados con fines distintos a la minería, según la intención de la ley. ¿No habría sido útil esa maquinaria y ese combustible, por ejemplo, para ayudar a los miles de agricultores damnificados por las lluvias y las inundaciones que ocurrieron en Madre de Dios el pasado verano, y cuyos reclamos continúan sin encontrar respuesta?

También llama mucho la atención que la prioridad de esta interdicción la haya tenido Huepetuhe –donde el propio Estado licitó la tierra desde hace más de 30 años– antes que La Pampa, donde se concentra casi toda la minería ilegal (es decir, directamente los invasores de la Reserva Nacional del Tambopata y su área de amortiguamiento), y buena parte de la prostitución infantil y la trata de personas

About Gabriel Arriarán

Es el director de Frontera Pirata. Licenciado en antropología por la PUCP, MsC in Social Anthropology por el LSE. Trabajó como reportero en LaMula.pe, fue colaborador de la revista Frontera D, en España, y de la plataforma de periodismo de investigación Convoca.pe, en Perú. Fue uno de los periodistas que participó de la investigación de los Panama Papers. Escribe sobre la actual fiebre del oro en la Amazonía, e investiga casos de trata de personas asociados a las mafias de la minería ilegal.

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