Fiscalización ambiental: todos jalados

MAURICIO CUADRA, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN A ENTIDADES DE LA OEFA, PRESENTA LOS RESULTADOS DEL INFORME

Una evaluación del OEFA muestra que el 2013 los gobiernos regionales no cumplieron con las responsabilidades de fiscalización ambiental a pequeños mineros y mineros artesanales que les competen.

PUBLICADO: 2014-06-18

Ayer se presentaron a las autoridades y a la opinión pública los resultados del estudio Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2013. Se trata de una evaluación de las obligaciones que tienen las EFA (Entidades de Fiscalización Ambiental) encargadas de supervisar a los pequeños mineros y mineros artesanales, entre ellas, los 25 gobiernos regionales y la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (en Lima Metropolitana).

Los resultados de este estudio arrojan que todos los gobiernos regionales han incumplido con sus obligaciones de fiscalización y evaluación ambiental. Medida en una escala de 0 a 20, Piura es la región con la nota más alta (10.35), aunque no aprobó. La siguen Cusco y Ancash (9.71 y 9.15, respectivamente).  Tacna sobresalió del resto por obtener la calificación más baja (01.65), antecedida por Ayacucho (03.22) y Madre de Dios (03.36). En cifras redondas, el promedio de las EFA evaluadas fue un contundente 06.

https://e.infogr.am/evaluacion-de-las-actividades-de-fiscalizacion-ambiental-en-las-efa-escala-de-0-20Se trata, dice el informe, de una situación crítica.

“Los indicadores demuestran que las funciones de fiscalización ambiental realizadas a la pequeña minería y minería artesanal durante el 2013 han sido realizadas de manera muy deficiente”

Este estudio se publica en el contexto de los grandes problemas de financiación que han tenido las actividades de formalización mineraun nuevo paquete de medidas emitidas desde el MEF que involucran la relajación de estándares ambientales, y varios cuestionamientos a las formas que ha adoptado la descentralización, en particular, la corrupción en varios gobiernos regionales. También en el contexto de la que parece ser una voluntad de re–centralizar el país por parte del Ejecutivo.

Aunque no se ahonda en las razones por las cuales todas estas entidades han salido desaprobadas, al principio se menciona que unos resultados tan desalentadores se deberían a un desconocimiento por parte de la mayoría de funcionarios y servidores públicos de los gobiernos regionales de las normas y los procedimientos técnicos y legales necesarios para la realización de las actividades de fiscalización y evaluación ambiental. También se dice que los gobiernos regionales no han venido supervisando a los mineros en proceso de formalización, ni han identificado o comunicado a los órganos correspondientes la aparición de campamentos mineros en zonas prohibidas. Tampoco han reportado trimestralmente a la OEFA las actividades de supervisión y fiscalización realizadas, ni han ejecutado actividades de evaluación ambiental minera.

Es necesario mencionar que el OEFA está adscrito al Ministerio del Ambiente, y es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). También, que de acuerdo a la ley 27651 de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal del 24 de enero de 2002, “los gobiernos regionales tienen a su cargo la fiscalización, sanción y demás facultades que les han sido transferidas en el marco del proceso de descentralización de quienes ejercen la actividad minera”.

Todavía está por verse si, junto con esas atribuciones, el Estado central ha transferido también presupuesto y recursos acordes con la tarea para que los gobiernos regionales puedan cumplir con estas obligaciones.

En tanto las actividades de la evaluación ambiental a la pequeña minería y la minería artesanal se han transferido a los gobiernos regionales, éstos tienen la obligación legal de reportar al Ministerio Público si se han detectado operaciones mineras ilegales, así como solicitar las acciones de interdicción correspondientes, de ser el caso. En este sentido, en el texto se menciona que:

El OEFA continuará comunicando los incumplimientos a las funciones de fiscalización ambiental […] a la Contraloría General de la República”, para,  a través de su Procuraduría Pública, comunicar al Ministerio Público las acciones u omisiones de los funcionarios de los gobiernos regionales que conlleven una responsabilidad penal, y realizar los deslindes correspondientes en lo que se refiere a las responsabilidades administrativas y funcionales.

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