La voluntad de la impunidad

Testigos liberadosExiste entre militares la voluntad de encubrir el asesinato de Bustíos. Y no es una historia nueva.

Mucha gente se ha venido preguntando en los últimos días por qué recién ahora aparecía la implicación de Urresti como autor material del asesinato del periodista Hugo Bustíos en Huanta, en 1988. El mismo Urresti ha dicho que más allá de la acusación de uno de los sentenciados (en realidad, son las acusaciones de 4 personas distintas las que lo sindican como autor material de la muerte de Bustíos) no existe ninguna prueba que lo condene, mientras periodistas, compañeros de profesión de Bustíos, hacen eco de la presunción de inocencia que reclama el ministro del interior.

Pero más allá de eso, ¿por qué recién aparece esta acusación a Urresti? ¿Es que hay gente que sólo quiere fastidiarle la vida al ministro, que no quiere que trabaje contra la delicuencia?

Nada de eso.

Se trata de un caso que sectores militares han venido tapando y encubriendo mientras se arropaban entre ellos en cargos públicos desde 1988 y amenazaban a testigos directos de la muerte de Hugo Bustíos y el intento de asesinato de Eduardo Rojas. Uno de estos testigos, Alejandro Ortiz, fue asesinado poco después de prestar su declaración.

Pero, remontémonos en el pasado. Remontémonos hasta el medio día del 24 de noviembre de 1988.

EL INMEDIATO ENCUBRIMIENTO DEL CRIMEN

Instantes después del asesinato de Bustíos, cuando Rojas logra desesperado escapar de la balacera que acabó con la vida de Hugo Bustíos, y llega a la casa de Primitiva Jorge Sulca, donde esperaba el contingente del ejército que previamente les había denegado la entrada, y les cuenta lo que acababa de suceder, inexplicablemente se demoran más de cinco minutos en acudir al lugar de los hechos. Cuando llegan, ya estaba allí la Guardia Civil, viendo la manera como habían salido los disparos. Rojas fue primero atendido en el hospital de Huanta. Cuatro guardias civiles custodiaban la puerta de la habitación, hasta que un día simplemente desaparecieron. Después contaron a la familia que habían sido amenazados. La familia decidió entonces trasladar a Rojas a su casa. El mismo Enrique Zileri, autor de uno de los artículos de la edición del 28 de noviembre de 1988, lo encontró allí “postrado en un rincón de la sala de su casa, el suero colgado de un clavo en la pared”. Ante el peligro que corría su vida en Huanta, Zileri y la familia decidieron mover a Rojas en helicóptero a Lima.

Posteriormente, el fiscal provisional de Huanta, Maximiliano de la Cruz Hinostroza llevó el caso con una lentitud y una turbiedad pasmosas.

Margarita Patiño tuvo que viajar a Lima a pedir garantías para su vida y para la de los testigos del caso. Días antes la PIP le había tomado una declaración, y en esa entrevista los entonces policías de investigaciones insistieron con tenacidad en que la viuda de Bustíos les entregara los nombres de los testigos del crimen. El mismo oficial instructor de la policía que la recibió, llego a decirle, según reportó Caretas:

– No culpes más a los militares y te evitarás riesgos (*).

El 9 de diciembre de 1988, la PIP ponía a disposición del fiscal a 5 sospechosos de haber cometido el crimen contra Primitiva Jorge Sulca y su hijo, el asesinato que Bustíos investigaba en el momento de encontrarse él mismo con la muerte. Sin embargo, no había nadie investigado ni mucho menos detenido como sospechoso de la muerte del periodista. Cuando le pidieron a la Guardia Civil los casquillos de bala que habían recogido a pocos metros de dónde Bustíos cayó asesinado, ésta contestó que esos casquillos no existían, y que tampoco tenían en su poder ninguna prueba material.

Este ocultamiento de la evidencia se hace ahora particularmente importante, en tanto el actual ministro del interior, Daniel Urresti, aduce que no existen pruebas que pudieran condenarlo como el autor material del asesinato de Bustíos. Ese mismo día una patrulla de soldados había llegado hasta el domicilio de Ortiz. Ortiz, sin embargo, había logrado escabullirse por la parte de atrás de su casa, e inmediatamente después huía de Ayacucho hacia Lima. El viaje lo hizo con otra de las testigos del delito: Teodosia Gálvez. Ella había sido abordada por un grupo de militares que la habían amenazado y preguntado qué otras personas estaban con ella el día de la muerte de Bustíos. Después, habían registrado su casa.

El 19 de diciembre de aquel año de 1988, Caretas informaba que los testigos del caso Bustíos venían siendo hostigados y amenazados. Dos de ellos incluso fueron detenidos por 48 horas por miembros del ejército, y uno, Alejandro Ortiz, después moriría asesinado.

La tarde del 13 de diciembre, 20 soldados al mando del teniente “Carlos”, habían llegado a la casa de Antonio Pacheco Aguado con la edición 1035 de Caretas. Allí aparecía la foto de este testigo del asesinato de periodista.

– Con que tú eres el viejo que dice que nosotros hemos matado a Bustíos, ¿no? –increpó “Carlos”. Por decir eso te vamos a cortar el cuello y vas morir (*).

Pacheco Aguado fue subido a un camión donde ya se encontraba otra de los testigos del asesinato de Bustíos: Segundina Gálvez. Aguado Pacheco relató como el pelotón de soldados bajo las órdenes de “Carlos” iban casa por casa comparando las fotos aparecidas en las ediciones de Caretas de finales de 1988 con las caras reales de los vecinos de Erapata.

Segundina Gálvez y Antonio Pacheco fueron conducidos al cuartel de Castropampa, una vez allí, uno de los oficiales a cargo le dio un patadón a Pacheco en el tobillo, antes de gritarle:

– ¡Viejo de mierda, si sigues hablando que nosotros hemos matado a ese periodista, te matamos. Ahora te vamos a llevar a la policía para que no digas nada (*).

Cuando los militares pusieron a ambos detenidos a disposición de la policía, un parte acompañaba la entrega. El parte decía: “pongo a su disposición que los individuos Artemio (Antonio) Pacheco Aguado y Alejandrina Gálvez Porras tienen problemas relacionados con delitos por terrorismo”.

En esos mismos términos la PIP hizo entrega de los detenidos a la fiscalía de Huanta, cuyo titular era el mismo Maximiliano de la Cruz.

Alejandro Ortiz llegó a la redacción de Caretas el 12 de diciembre, 3 días después de huir de Ayacucho. Al día siguiente él y Eduardo Rojas, sobreviviente y convaleciente por las heridas de bala que había recibido en el mismo ataque que acabó con la vida de Bustíos, se presentaban ante el Fiscal Supremo en lo Penal, Pedro Méndez Jurado. Dos días después, ambos, acompañados de la otra testigo, Teodosia Gálvez, se presentaban ante el congresista Javier Valle Riestra, entonces presidente de la comisión de justicia y derechos humanos del Senado. A los pocos días de haber solicitado las garantías para su vida ante el Procurador General en Lima, Alejandro Ortiz era asesinado.

El Ejército, sin embargo, no sólo la había emprendido contra los testigos del caso. También lo hizo contra los familiares de Bustíos.

A la viuda de Hugo Bustíos, Margarita Patiño, no pararon de amenazarla, y su hermano Américo fue detenido por efectivos de la PIP en Huanta el 9 de diciembre de aquel año.

Caretas, en su edición del 19 de diciembre de 1988, decía:

“El hostigamiento contra todo aquel que haya tenido que ver con Hugo Bustíos Saavedra y su asesinato, sea familiar, colega, o testigo, está llegando a extremos inaceptables. Adicionalmente, el comportamiento del fiscal huamanguino es de una lenidad increíble. […] Por su parte, la conducta de algunos efectivos del cuartel de Castropampa no admite excusa. La condición excepcional de las zonas declaradas en emergencia no suspende la vigencia de la Constitución ni del estado de derecho.”

AÑOS DESPUÉS…CONTINÚA LA IMPUNIDAD

Para Carlos Rivera, coordinador del área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha habido una decisión en el Ejército de ocultar el crimen. Amador Vidal Sanbento dio un nombre falso cuando fue preguntado sobre la identidad del jefe de la patrulla que asesinó a Hugo Bustíos.

Rivera declaró para Ideele Radio.

– El otro implicado, Vidal Sanbento hace una declaración y dice que el jefe de la patrulla fue Luis Guerrero Cava y no Daniel Urresti. La Comisión de la Verdad investiga y se va al registro de la Reniec para investigar quién es Guerrero Cava. Bueno, ese nombre no existe, esa es la conclusión de la CVR, es decir Sanbento da un nombre falso para desvirtuar las investigaciones […] Da un nombre falso porque ya hay una decisión de la Justicia Militar de desviar las investigaciones y, por lo tanto, aquí no pasó nada, que es lo que finalmente ocurrió. […] El año 91 no aparece su nombre exactamente porque hay una decisión política institucional del Ejército de ocultar el crimen, tanto así que la justicia militar absuelve a los dos implicados, pero sí hay dos elementos muy fuertes que aparecen en el año 91, que es la orden que a él le dan, dicha por quien emite la orden, La Vera Fernández, jefe de la Base Huanta y aparece también la condición del jefe de la patrulla como un oficial con el grado de capitán: Urresti En la justicia militar en el año 1991, hay dos declaraciones muy importantes que aparecen en el Informe Jurídico de la Comisión de la Verdad, declara La Vera Hernández en la justicia militar y dice que él como jefe de Base Militar de Huanta, cuando se produce el evento de la muerte de estas dos personas, dice que él personalmente autoriza a una patrulla a que saliera a buscar información ¿Quién era el encargado de buscar información en esa zona? Daniel Urresti.

¿Que por qué recién aparece esto ahora?

Enumeremos: porque miembros de la policía, el ejército y hasta el mismo poder judicial entorpecieron las investigaciones en los días meses y años inmediatamente posteriores al crimen. Luego, porque Fujimori amnistió a todos los militares, y sólo se pudieron comenzar llevar a los responsables ante la justicia con la vuelta a la democracia. El juicio que condenó a Vidal Sanbento y La Vera Hernández, duró a su vez varios años. Y fue recién a partir de su sentencia, y de las declaraciones de ambos culpables, que pudo comenzar a formularse la acusación contra los demás responsables. Uno de ellos, el militar conocido como “Centurión”, está ya muerto. El otro, es el actual ministro del Interior.

¿QUE POR QUÉ SE FILTRA EL EXPEDIENTE A LA PRENSA?

Hay un dato a tomar en cuenta. Daniel Urresti fue promovido de secretario general del INDECI a alto comisionado para la formalización e interdicción de la minería ilegal tres meses después que la fiscalía comenzara a plantearse acusarlo penalmente por un crimen de lesa humanidad. En este cargo –lo declaró muchas veces en la prensa– recibía órdenes exclusivamente del presidente, Ollanta Humala. Desde allí,  –me lo dijo personalmente en una entrevista– coordinaba directamente con el presidente de la corte suprema quienes serían nombrados fiscales y jueces en los juzgados de Madre de Dios. Luego de eso, sería promovido a ministro del interior.

Esto se filtra a la prensa porque como ministro del interior cabe la posibilidad que desde el Ejecutivo comience a presionarse al poder judicial y a la fiscalía que lleva su acusación para que el caso se archive. De hecho, el propio presidente Humala, al ratificar su confianza en Urresti de alguna manera lo ha absuelto.

¿Por qué Humala da un voto de confianza a Urresti ahora? Tal vez la pregunta no sea esa. La grandes preguntas ahora son  ¿qué relación existió entre La Vera Hernández, Urresti y Humala durante los años de la violencia? ¿Qué anticuchos se conocen entre ellos?¿Existirá algún vínculo entre ellos y Madre Mía y la turbia manera como este caso que implicaba al actual presidente de la república fue archivado?

UN PAÍS ENFERMO DEL ALMA

Ayer aparecía a través de IDL que Víctor La Vera Hernández, condenado a 17 años de prisión por ser el autor mediato de la muerte del periodista Hugo Bustíos, está libre. De los 17 años a los que lo habían sentenciado, sólo cumplió en prisión 4. Y en el colmo del cinismo, hubiese podido ser contratado en la la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA, órgano público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de no ser porque esta denuncia se hacía pública.

Carlos Rivera resumía este cinismo como una burla hacia los familiares de Bustíos que los autores sentenciados del crimen estén ahora libres y estuvieran a punto de ocupar cargos públicos. Como es una burla que uno de los acusados de estar directamente implicado en la muerte de Bustíos pueda ser ministro del interior. Y tiene razón.

Es una burla.

Y por eso este país está mal.

Está enfermo del alma.

(*) Todas las declaraciones de testigos fueron tomadas de las ediciones de Caretas de finales de 1988: 28 de noviembre, 5, 12 y 19 de diciembre de 1988. 

About Gabriel Arriarán

Es el director de Frontera Pirata. Licenciado en antropología por la PUCP, MsC in Social Anthropology por el LSE. Trabajó como reportero en LaMula.pe, fue colaborador de la revista Frontera D, en España, y de la plataforma de periodismo de investigación Convoca.pe, en Perú. Fue uno de los periodistas que participó de la investigación de los Panama Papers. Escribe sobre la actual fiebre del oro en la Amazonía, e investiga casos de trata de personas asociados a las mafias de la minería ilegal.