Perú: Urresti, el ministro de Interior acusado de asesinato

Daniel Urresti. Foto tomada de Internet
Urresti, foto tomada de Internet.
LIMA (apro).- Desde que fue nombrado ministro de Interior de Perú, el pasado 24 de junio, Daniel Urresti se ha convertido en un personaje omnipresente en los noticieros y en los periódicos.

Esto se debe sobre todo a su hiperactiva agenda, que comienza a primera hora de la mañana y termina a altas horas de la noche, supervisando todo tipo de operativos y haciendo declaraciones sin cesar a los medios.

Pero también a que sólo ocho días después de asumir el cargo se hizo público que este general del Ejército en retiro, que hace apenas un año era un auténtico desconocido en la arena política, es investigado por el asesinato de un periodista en 1988, cuando era el responsable de inteligencia en una base militar de la zona más caliente del conflicto con la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.

Esto ha provocado algunas tibias críticas de la oposición y una reacción airada de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa, que han pedido la renuncia del recién nombrado ministro. Sin embargo, el presidente Ollanta Humala, que ha admitido que conocía la acusación cuando lo nombró, lo ha respaldado públicamente confiando en su inocencia, pese a que es implicado en el homicidio por al menos dos de sus antiguos compañeros de armas.

“Cuando se le propuso la cartera, me puso en conocimiento del tema. Se le pidió (sic) algunos papeles que vieron los abogados, quienes señalaron que es un caso extraño. No vemos su culpabilidad y creemos en la presunción de inocencia”, afirmó el mandatario.

Urresti también parece haberse ganado a la opinión pública peruana, poco empática con la causa de los derechos humanos. La ciudadanía ve en él a alguien que por fin actúa contra la criminalidad tras el paso de cinco ministros por la cartera de Interior desde que aquél asumió el poder, hace menos de tres años, sin que ninguno lograra detener el continuo aumento de la inseguridad en el país.

El asesinato de Bustíos

Sólo una semana después de jurar el cargo y empezar una actividad frenética para lo que denomina una “cruzada nacional” contra la delincuencia, se supo que Urresti es sospechoso de haber encabezado un comando que mató al periodista Hugo Bustíos el 24 de noviembre de 1988.

Bustíos era el corresponsal en Huanta de la revista Caretas. Esa provincia se encuentra en la región de Ayacucho, el epicentro de la rebelión senderista. Ese día el reportero, después de pedir la autorización en la Base Antisubversiva de Castropampa (en la que Urresti era el responsable de la inteligencia), se dirigía en moto junto con un colega a un pueblo a investigar la muerte de dos personas a manos supuestamente de Sendero.

Pero en el camino fue emboscado por militares, que les dispararon, según una sentencia judicial de 2007. Su compañero logró huir herido, pero Bustíos quedó abatido en el suelo y uno de los agresores lo remató colocándole una granada de mano bajo el cuerpo. Su mujer tuvo que recogerlo a pedazos.

El móvil del crimen es un senderista detenido por el ejército había dicho que Bustíos era colaborador del grupo armado.

El caso, después de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo su resolución, fue finalmente llevado a juicio en 2005. Dos años más tarde fueron condenados dos militares: el comandante Víctor La Vera, el alto mando de la base de Castrobamba, como instigador, y el teniente coronel Amador Vidal, como uno de los autores materiales. Sin embargo, en esa sentencia se reconoce que hay otros implicados y pide que se abra otra investigación.

Es en esta posterior averiguación en la que surgen pruebas que apuntan a la posible responsabilidad de Urresti. La principal es la confesión de Vidal, quien afirma que fue éste el que dirigió el grupo que perpetró el atentado, según el auto de apertura de instrucción, publicado por la radio de la organización de defensa de los derechos humanos Instituto de Defensa Legal.

Otro militar dice que el día del atentado le vio salir por la mañana con otros acusados del cuartel en una patrulla, que después el vehículo regresó sin el grupo y que el grupo comandado por Urresti regresó a pie varias horas después. La reconstrucción de los hechos del auto de apertura indica que el comando estuvo formado por al menos cuatro personas: Urresti, Vidal, un militar ya fallecido y otro que no ha podido ser identificado.

La investigación comenzó en 2008 y en junio del año pasado arrancó la fase de instrucción judicial. El pasado 26 de junio el caso fue finalmente asignado a un fiscal superior. Este, según las normas procesales, tiene 20 días para presentar la acusación ante la Sala Penal Nacional que se ocupa de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno (1980-2000), explica Miguel Huerta, director general de la Comisión de Derechos Humanos, la ONG que representa legalmente a la familia de Bustíos.

“En la práctica se dilata más allá del tiempo formal previsto”, advierte Huerta. No obstante, “esperamos que el fiscal formalice la acusación y se inicie el juicio oral. A nuestro entender hay suficientes elementos de prueba para ello”, agrega.

El abogado indica que existen más indicios en contra de Urresti, aunque alega que no puede revelarlos por estar el proceso en la etapa de instrucción.

“Presunción de inocencia”

La viuda de Bustíos, Margarita Patiño, ha pedido públicamente al general retirado que renuncie a su cargo. “El estar en condición de ministro es una clara perturbación al proceso judicial. Eso afecta las garantías de un proceso justo e imparcial”, critica Huerta.

El movimiento de derechos humanos en bloque, numerosos intelectuales, la Asociación Nacional de Periodistas, el organismo de defensa de la libertad de expresión Instituto Prensa y Sociedad e incluso algunas ONG internacionales, como el Cejil y Wola, han respaldado esta solicitud. Pero Urresti ha rechazado con rotundidad las acusaciones y las atribuye a venganzas personales de los militares que le acusan, porque los denunció por irregularidades cuando coincidieron en Huanta, por lo que se ha negado a dimitir.

“No se ha presentado una sola prueba. Solamente es el dicho de una persona que estaba purgando tres años de cárcel. Yo soy totalmente inocente. Mis manos están limpias de sangre (…) y tengo el derecho a la presunción de inocencia”, proclamó el flamante nuevo ministro. “Que siga la justicia investigando”, declaró, para luego agregar que acudirá a colaborar con la justicia siempre que le citen.

En diversas entrevistas ha asegurado que, a pesar de que era el encargado de inteligencia militar en Castrobamba, nunca supo quién había matado al periodista. Y alega que en los 20 años que habían transcurrido desde que tuvo lugar el crimen, nunca había aparecido su nombre relacionado con este caso, algo que ha utilizado el oficialismo para insinuar que detrás de esta acusación hay motivos políticos.

Huerta precisa que “no es que este tema ha salido ahora porque sea ministro, sino que se ha dilatado todo este tiempo por las dificultades que normalmente ocurren en procesos judiciales de esta naturaleza”.

El activista recuerda que “lamentablemente en los procesos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante el periodo del conflicto armado, el ministerio de Defensa no facilita la información de quiénes eran los militares que integraban las bases, que participaron en los hechos de violaciones que se investigan. Por eso se dilatan tanto los procesos”.

En efecto, pese a que en 2009 el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se convirtió en el primer presidente latinoamericano encarcelado por violaciones a los derechos humanos al recibir una condena a 25 años de prisión por dos matanzas perpetradas por militares, entre otros crímenes, la justicia sigue siendo una asignatura pendiente para las víctimas del Estado peruano durante el conflicto armado.

Los procesos contra los militares se demoran años y en numerosas ocasiones terminan con la absolución de los acusados. Incluso muchos de los que acaban condenados son excarcelados tras haber cumplido una pequeña parte de la pena. Como los dos sentenciados por la muerte de Bustíos, que pese a que en 2007 recibieron penas de 15 y 17 años de cárcel, respectivamente, fueron liberados en 2011.

Perfil autoritario

Urresti comenzó a tener funciones en el gobierno en 2011, cuando empezó el mandato de Humala y fue puesto al frente de Defensa Civil, el organismo encargado de la prevención ante desastres naturales. Pero no empezó a ser conocido hasta que en septiembre del año pasado fue nombrado alto comisionado para Asuntos de Formalización de la Minería. En este puesto ya mostró su hábil manejo de los medios de comunicación. Acostumbraba a llevar a periodistas a sus operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios, la zona de la Amazonía donde más visibles son los efectos devastadores sobre el medio ambiente de esa actividad. Los medios volvían encantados con sus imágenes de la destrucción de dragas, retroexcavadoras y los precarios campamentos de los ilegales.

Sin embargo, ya allí se empezó a cuestionar la efectividad de sus métodos, pues los campamentos eran rehechos en cuanto se retiraba la policía, y su poca consideración con los derechos humanos.

“La represión que hubo entre marzo y abril pasados en la movilización minera en Madre de Dios fue brutal”, sostiene Gabriel Arriarán, antropólogo y bloguero especializado en temas de minería.

Arriarán denuncia que en esos operativos policiales hubo un civil muerto de un balazo en la cabeza y otros siete heridos por arma de fuego, uno de los cuales quedó paralítico, además de saqueos por parte de la policía, amenazas a periodistas que grababan esos excesos y detenciones arbitrarias.

Para el antropólogo, Urresti “tiene un perfil autoritario que aquí a la gente le encanta. Responde a una necesidad de la gente por sentir autoridad”.

“Su discurso respecto a los derechos humanos –señala–, es el mismo que tuvieron los militares durante la época de Fujimori”, en el sentido de que acusa a quien lo cuestiona de estar al servicio de los delincuentes.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que reúne a 81 Organizaciones no gubernamentales, ya había manifestado su preocupación por el nombramiento de Urresti, antes incluso de que se conocieran las acusaciones de asesinato en su contra, ante el temor de que pudiera significar “un retroceso en el ámbito de la criminalización de la protesta social y el uso abusivo de la fuerza”.

La CNDDHH le acusó en un pronunciamiento de cometer “graves violaciones de los derechos humanos en Madre de Dios” y de desarrollar “una acción fuertemente represiva y autoritaria, en vez de priorizar acciones pacificas o disuasivas y generar alternativas económicas para las miles de familias involucradas”. Urresti, criticó, “ha mantenido una actitud poco dialogante y despectiva hacia las organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y organismos de derechos humanos”.

El organismo alertó que la réplica a nivel nacional de estas prácticas “puede conllevar consecuencias dramáticas para los derechos humanos de la población, y acrecentar la conflictividad social en el país”.

Además, como alto comisionado para Asuntos de Formalización de la Minería, Urresti tenía también otros dos cometidos: la formalización de los mineros informales (aquellos que no están regularizados pero tienen concesiones mineras, a diferencia de los ilegales, que suelen operar en zonas naturales protegidas) y la “remediación ambiental”.

“En este último punto no avanzó nada”, asevera Arriarán. “Y la formalización fue un fracaso porque venció el plazo el 29 de abril y había 200 mineros formalizados de más de 75 mil” que se habían preinscrito declarando su voluntad de regularizarse. Los plazos se han ampliado varias veces porque los mineros no terminan de lograr toda la documentación que les exigen.

A su llegada al Ministerio del Interior, desde donde dirige a la Policía Nacional, ha aplicado la misma estrategia mediática y de mano dura. De este modo, se ha ganado rápidamente el apoyo de la gente de la calle, que ante las peticiones de dimisión se ha manifestado a través de mensajes en las redes sociales y llamadas a las emisoras de radio alabando su actuación y pidiendo su continuidad.

El ministro lleva dos semanas participando personalmente operativos contra la pequeña delincuencia por todo el país y haciendo declaraciones, varias veces al día, a la prensa, que en sus primeras semanas en el cargo le siguió en tropel con ansías. En alguna ocasión ha sido aplaudido por los vecinos de la zona a la que llegaba.

Con cazadoras y gorras de la policía, como un agente de calle, es mostrado por la televisión dirigiendo un día una redada en una zona donde se venden artículos robados, otro anunciando la desarticulación de una banda criminal, en una operación buscando chóferes de autobús con exceso de multas a la jornada siguiente, informando del despido de policía que robaba gasolina de su comisaría horas más tarde, prometiendo “premios” a los agentes que más conductores borrachos detengan o dando la patada de honor del clásico limeño entre Universitario y Alianza Lima.

Sin embargo, la mayor parte de los especialistas considera que el militar retirado, al igual que en su actuación contra la minería ilegal, es muy espectacular pero poco efectivo.

“Hay mucho miedo por el crecimiento de la delincuencia y la gente se aferra a cualquier expectativa, a cualquier posibilidad”, afirma el sociólogo y analista político Fernando Rospigliosi, quien fue dos veces ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

“En el corto plazo, seguramente va a tener un aumento de seguridad pero no es sostenible de ninguna manera porque no está resolviendo ningún problema”, advierte. “Hace una redada y detiene a 40 personas y al día siguiente probablemente 39 están libres. Como no hay nadie que siga qué pasó con estos 40 capturados la impresión que queda es eso”.

Rospigliosi recuerda que el presidente Humala considera que el creciente clamor popular contra la inseguridad, que las encuestas sitúan como la principal preocupación de los peruanos, se debe a una cuestión de “percepción”. “Entonces lo que este hombre (Urresti) hace es también presentar una percepción de seguridad”, afirma.

Pero, manifiesta, “si se mantiene en el ministerio tres o cuatro meses al final se va a ver que no pasa nada, porque los operativos que hacen son los que hace siempre la policía, sólo que con más publicidad. La gente se va a empezar a cansar de que siga la delincuencia”.

Mientras tanto, Urresti continúa con su imparable actividad. “Lo que la ciudadanía quiere es resultados y esos los va a obtener. Todavía me está quedando una hora de sueño diario y quiero ver en qué la voy a emplear porque es mucho”, ha declarado. “Mientras el señor presidente considere que debo estar en el puesto me van a ver trabajando”.

Un reciente sondeo realizado por la firma Ipsos reflejaba un ligero repunte, de 21% al 25%, en el desde hace meses escaso apoyo a Humala. La encuestadora apunta el nombramiento de Urresti como uno de los factores que pudo influir en dicha mejoría.

Por su parte, Urresti tuvo aprobación inicial como ministro del 25%, un porcentaje que puede ser considerado bajo en otras latitudes, pero que en Perú es más de lo que consiguieron quienes ocuparon esa cartera en los dos últimos años y “el doble de lo que tenía su predecesor”, Wálter Albán, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del país.

El mandatario ni siquiera se plantea, por lo tanto, prescindir del nuevo y popular activo de su gobierno, a quien calificó como “una persona totalmente operativa, que es lo que la población ha estado reclamando”. La duda es si le mantendrá la confianza en el caso de que finalmente sea formalmente acusado del asesinato de Bustíos.