Cuando la vida no vale nada (Parte 3: las estadísticas)

Escribe: Gabriel Arriarán

“La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es una estadística”. Que el autor de la frase sea Iósif Stalin, responsable de la masacre de millones de rusos, agrega un retorcido sarcasmo a la verdad. Hasta donde se sabe, Stalin nunca mató personalmente a nadie. Y a pesar de eso, ha pasado a la historia como uno de los más grandes carniceros de la especie humana. Sus armas no eran los cuchillos, ni las pistolas o los rifles. Ni tan siquiera la bomba atómica. Su arma predilecta fueron las políticas públicas.

Pero si de acuerdo con el georgiano, la muerte de un hombre es una tragedia, ¿qué cosa es un disparo a la cabeza de una bebé de dos años de edad? ¿Hay una palabra para eso? Acostumbrado a las rápidas y duras notas policiales que Madre de Dios produce industrialmente, a Manuel Calloquispe, periodista de la región, le ha tomado cinco borradores  y 2065 palabras, relatar el brutal asesinato de Yosabet Álvarez  y de su pequeña hija Estéfany, últimas víctimas de la guerra entre bandas criminales que se desarrolla en la Pampa, por el control de los accesos y el cobro de cupos a la minería ilegal.

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Última fotografía que Yosabet Álvarez Huallpayunca publicó en su perfil del Facebook. Menos de cincuenta centavos de sol gastó el Mininter del presupuesto para las interdicciones, en su seguridad y en la de su pequeña Estéfany.

La parte de las estadísticas

Una tragedia tras otra, en Madre de Dios se amontonan los casos de asesinato. De esta casuística se obtienen frecuencias, y con ellas se acuñan las letras de la única y helada lengua que el Estado sabe leer: la estadística. Ellas nos dicen, por ejemplo, que entre enero de 2014 y septiembre de 2016 la PNP registró en la Pampa veintiún casos de homicidio. Claramente un subregistro. Porque sólo en la zona conocida como El Quemadero, en febrero pasado, se encontró que Los Guardianes de la Trocha, liderada por el Venao, la pareja de Anabel, habían intentado desaparecer los cuerpos de al menos 20 personas. Son muertes como la de Christian Mesa, el padre de la pequeña Melany, hija mayor de Yosabet Álvarez Huallpayunca, asesinado en la Pampa, su cuerpo desaparecido.

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Homicidios y desapariciones registradas en la Pampa entre enero de 2014 y septiembre de 2016

Los asesinatos no son el único problema. Entre enero de 2014 y septiembre de 2016,   la PNP registró en La Pampa 646 denuncias por desaparición, 239 de las cuales, hasta noviembre de 2016, no habían sido resueltas. Otro pedido de información a  la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios indica que entre los años 2014 y 2015, hubo 10 accidentes de trabajo en la Pampa. Sin embargo, según el Análisis de la situación de salud de Madre de Dios de 2014, el 31% de las muertes en esta región están ocasionadas por accidentes (laborales, de transporte, etc.) y por armas de fuego. Si la minería es la principal actividad económica de la región, estos diez accidentes reportados son, claramente, otro subregistro. Doña Rafaela refirió a Manuel Calloquispe otro fatal caso como, el del padre de la pequeña Estéfany, un hombre no identificado que murió sepultado por un derrumbe en un campamento de la minería ilegal en la Pampa.

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Ficha de registro de un accidente laboral atendido en el Hospital de Santa Rosa. En este caso, un obrero de la minería ilegal se produjo una quemadura de segundo grado en la cara y el brazo con un chorro de arena a presión.

Con casi doscientos ochenta  millones de soles (S/. 277´412 329.85) gastados en operativos de interdicción en Madre de Dios entre el 2013 y agosto de 2016, ¿se ha reducido la criminalidad de la región, en particular en la Pampa? Las estadísticas que maneja la PNP y el ministerio del Interior indican que no. ¿Sabrán leer ellos su propia lengua? Todo hace suponer que tampoco.

El valor de la vida

El coronel Fernando Reátegui explicó a Frontera Pirata para la segunda parte de este reportaje, que su región policial cuenta únicamente con entre 20 y 25 efectivos, para dar seguridad a un área muy extensa, y que los policías que participan de los operativos de interdicción provienen de la COINCRI (Complejo Interinstitucional contra el Crimen), situada en Palmeras, Mazuko, cuyas fuerzas policiales dependen directamente del Ministerio del Interior. Una declaración coherente con la forma cómo el Ministerio del Interior ejecuta su gasto.

Gasto en Interior

El presupuesto total del Ministerio del Interior para este año fue de casi diez mil millones de soles: S/.9 973 627 489, de los que, en Madre de Dios se gastaron S/.33,647,078, es decir, menos del 0.34%. En principio, el monto que el Estado central designa a cuestiones como las operaciones policiales para reducir delitos y faltas y los patrullajes (que es en lo que principalmente se gastan esos 33 millones de soles) concuerda con el tamaño poblacional de Madre de Dios respecto de la población total del Perú. La cifra supone que, este año, el Estado gastará en seguridad en las tres provincias del Manu, el Tahuamanu y el Tambopata casi 270 soles (S/.269.18) per cápita. Un guachimán, de los que se la pasan durmiendo durante el día, cuesta al mes mucho más que el gasto por persona en seguridad del Estado en Madre de Dios, al año. Si se toman en cuenta los índices de criminalidad que tiene Madre de Dios, la cifra no tiene ningún sentido. Sólo por hablar de un número que el viceministro del  Interior, Ricardo Valdés, hasta julio de 2016 director de la ONG CHS–Alternativo –especializada en trata de personas–, conoce bien: entre el 2009 y el 2014, Madre de Dios ocupó el tercer lugar en el Perú en cuanto a número de casos de trata de personas (54) después de Lima y Loreto, y fue la primera en cuanto al número de presuntas víctimas (205), según datos del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Si la asignación de recursos a la seguridad parece absurda, lo siguiente es un chiste.

La incidencia de la criminalidad en Madre de Dios está determinada por el tamaño de la minería ilegal en la región. En teoría, eso supondría que reduciendo a la minería ilegal se disminuirían también la tasa de homicidios, de accidentes laborales en los campamentos clandestinos, de asaltos y robos y, por supuesto, también la cantidad de casos y víctimas de trata de personas. Para eso, justamente, el Estado destinó este año S/63 560 597 a la partida 0128 Reducción de la minería ilegal, de la que el 90.44% va a parar al Ministerio del Interior y el resto se reparte entre los siguientes ministerios de la siguiente manera.

Categoría presupuestal

Pues bien, el Mininter gasta más del 75% de lo presupuestado para la reducción de la minería ilegal, en Lima: S/.43 304 050. En Lima, donde no es que la minería ilegal sea el mayor problema de la región. ¿Cuánto gasta el Mininter en Madre de Dios, donde se concentra casi toda la minería ilegal del oro del país? Según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas: cincuenta y cinco mil soles (S/.55 000), en el proyecto 3000679: Erradicación y Sanción de la Minería Ilegal. Menos de la milésima parte del total de la partida 0128. Si dividimos esta cifra entre el total de habitantes que tiene la región (125 000), el resultado es una burla patética y triste. El presupuesto para las interdicciones en Madre de Dios supone una contribución en seguridad de menos de cincuenta centavos de sol por habitante : S/.0.44 para ser exactos, al año. Las dos balas con las que el tal Alex  se cobró a sus víctimas cuestan más que eso.

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Menos de una china al año, varón, es lo que aportan a tu seguridad las interdicciones, si vives en Madre de Dios.

El Ministerio del Interior tiene mucho qué explicar acerca de cómo y en qué se gasta el dinero de la partida 0128, y qué tan efectivo es ese gasto. El 12 de julio pasado, Frontera Pirata ingresó la solicitud de una entrevista al Sr. Rubén Vargas, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, a través  de su jefe de prensa, el Sr. Manuel Boluarte. El pasado 4 de agosto reiteramos nuestra solicitud al Sr. Boluarte, y la extendimos a ambos viceministros y al ministro Basombrío. Boluarte contestó al día siguiente, indicando que en cuanto tuviera la respuesta de los viceministros, avisaría. Seguimos esperando.

La parte de la soberbia

Si a la forma cómo actúan la fuerzas armadas y la Policía en la Pampa, sumamos el subregistro de los homicidios y de los accidentes de trabajo paralizantes o mortales en los campamentos de la minería ilegal, daremos con que el Estado central no ha hecho más hacer volar por los aires y prender fuego a un montón de plata, mientras no para de dar palos de ciego en la región. En noviembre de 2016 sostuvimos una conversación con don Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional del Tambopata, en la que expresó su indignación.

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Don Víctor Zambrano. Foto: BBC

hasta que me cansé. Aquí tuve una discusión con uno que era miembro del equipo del alto comisionado. […] yo simplemente le dije: ustedes, que se reúnen en consejos de ministros, que se reúnen a nivel de la PCM para trabajar este tema, por qué no leen un ratito lo que les estamos sugiriendo nosotros. Que era precisamente, consolidar, controlar las entradas con una cantidad mínima de personal, y con una logística que no es ni siquiera la quinta parte de lo que ellos gastan por traer desde Cusco policías.

La estrategia que propuso Zambrano apuntaba a que el Estado controlase y brindase seguridad en las trochas y los caminos de acceso a los campamentos de la minería ilegal e informal. De esta manera, se hubiera podido impedir el ingreso de combustible,  insumos, maquinaria y personas, y ahogar a la minería ilegal y, por supuesto, violaciones sexuales y muertes tan violentas como las de Yosabet y Estéfany, serían harto más improbables. Una y otra vez, a lo largo de diez años, el Estado central ha desaprovechado la oportunidad de resolver el problema de la minería ilegal en Tambopata, ignorando las propuestas locales, pensadas por personas que conocen bien el terreno.

El análisis de las estadísticas y del gasto público,  el desdén hacia las propuestas locales para solucionar este tipo de problemas, apuntan hacia un centralización desenfrenada y enferma. Es por aquí que se hace comprensible que a las 8 de la noche del día 16 de julio, en el lado del Corredor Minero de la Pampa, la guerra entre las bandas criminales de Madre de Dios se hubiera cobrado la vida de una madre y ejecutado a una bebé de dos años de un balazo en la cabeza, y al día siguiente en la madrugada, 150 efectivos de la Policía se dirigieran  en dirección opuesta, a hacer explotar motores y mangueras en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata.

A Madre de Dios no la están matando los precios del oro, ni la minería ilegal, ni siquiera la torva criminalidad de los Guardianes de la Trocha. Sin llegar a los niveles de la crueldad estalinista, y, seguro, con la probidad y la buena voluntad de muchos funcionarios del Estado, la desangran desde hace décadas unas medidas centralistas y absurdas, pontificadas desde un sillón en Lima por políticos que jamás se ensuciaron los zapatos, pero sí los bolsillos.

About Gabriel Arriarán

Es el director de Frontera Pirata. Licenciado en antropología por la PUCP, MsC in Social Anthropology por el LSE. Trabajó como reportero en LaMula.pe, fue colaborador de la revista Frontera D, en España, y de la plataforma de periodismo de investigación Convoca.pe, en Perú. Fue uno de los periodistas que participó de la investigación de los Panama Papers. Escribe sobre la actual fiebre del oro en la Amazonía, e investiga casos de trata de personas asociados a las mafias de la minería ilegal.