Lectura para una analfabeta

Veinte mujeres viven en el penal de San Francisco de la ciudad de Puerto Maldonado, acusadas o sentenciadas por trata de personas. Frontera Pirata ingresó a la cárcel de esta ciudad. Con la historia de Alejandrina Gallegos Torres, tratante de personas encarcelada y sentenciada a 12 años de prisión por explotar a cinco menores de edad en un bar de su propiedad, en la localidad de Guacamayo–Pacal, en el Corredor Minero, damos inicio a una nueva serie de investigaciones, ésta vez, sobre la trata de personas en Madre de Dios: De marginales a criminales. Una historia común de marginalidad y exclusión comparten víctimas y victimarias en la trata de personas. Es hora de contarla desde el lado de los malos.

Escribe: Gabriel Arriarán

Una jaula de metal conecta directamente las salas donde se celebran las audiencias con el penal de San Francisco. La acusada ingresa por allí y se sienta frente a una mesa, en silencio. Lleva en brazos a un bebé de meses de nacido. Su nombre es Alejandrina Gallegos, y estaba allí para la lectura de su sentencia. Antes de ingresar a la audiencia, su abogado, Wilson Condori, se había cruzado con la fiscal y la abogada de oficio de la víctima, y cordial, pero apresuradamente, había saludado y se había despedido.

– ¿No te quedas para la lectura? –le preguntaron.

– Ya apelaré –les dijo, antes de marcharse.

No era obligatorio que el abogado de la acusada estuviera presente. Así que la lectura de la sentencia se dio en su ausencia. Fueron dos horas, en las que una relatora leyó, palabra por palabra, el expediente: los hechos, los fundamentos legales de la acusación, los argumentos de la defensa, en total, dos horas soporíferas en las que la fiscal, la abogada de oficio bostezaron más de una vez, mientras el juez respondía mensajes o veía su Facebook, o salía de la sala a recibir llamadas telefónicas. Pasada la letanía, el juez leyó la sentencia. Doce años de prisión para Alejandrina Gallegos, por trata de personas. Preguntó si la fiscalía y la defensa de la víctima estaban conformes. Lo estaban. Preguntó a la acusada si estaba conforme. También lo estaba. Y dio por concluida la sesión. Dos horas de ritual jurídico, fórmulas y responsos legales en los que muy fácilmente se pierde el individuo en la laberíntica legislación peruana. El juez la leyó, y condenó a Alejandrina sin levantar la vista de un papel, sin dirigirse a la sentenciada. En realidad, nadie la miró.

– Siempre evito mirar a las acusadas. Prefiero no mirarlas– dijo la defensa de la víctima.

Cuatro días después, Frontera Pirata ingresó al penal de San Francisco a efectuar una encuesta entre las mujeres procesadas y sentenciadas por trata de personas. En la sección de mujeres de la cárcel, una bedel llamó a este segmento de la población penal, y las hizo formar como un sargento a sus soldados. Entre ellas estaba, por supuesto, Alejandrina. Mientras las internas llenaban los formatos de las encuestas, una de las presas se acercó acompañando a otra.

– No sabe leer ni escribir –me dijo.

Al tomarle los datos, y preguntarle si estaba sentenciada o con prisión preventiva, identifiqué a la mujer como la que había estado en la audiencia, unos días antes. Era Alejandrina, que durante la lectura de su sentencia no había comprendido si la habían condenado o no.

– Escuché algo de doce años. Pero no sé.

– Será mejor que converses con tu abogado –le sugerimos.

Dos días después, Frontera Pirata conversó con la fiscal que lleva el caso de Alejandrina. Declaró que luego de la lectura de la sentencia, la defensa tiene cuatro días hábiles para presentar una apelación.

Al momento de la visita al penal, aquel plazo había vencido.

Letrado con prontuario

Frontera Pirata intentó conversar con él, el Dr. Wilson Condori Solano, abogado de Alejandrina. Al preguntarle en qué situación se encontraba su defendida, si sentenciada o con prisión preventiva, el letrado nos colgó el teléfono, y ya no volvió a responder. ¿Quién es Wilson Condori? Frontera Pirata averiguó que se trata de un ex fiscal del medio ambiente que en el 2013 logró la sentencia por delitos ambientales a cuatro mineros ilegales, en Tambopata y que, poco después, se vio involucrado en un caso de violencia familiar callejera que llevaría al Consejo Nacional de la Magistratura a destituirlo de su cargo el año pasado.

Una historia común de exclusión

Los resultados del pequeño ejercicio estadístico que llevó a cabo Frontera Pirata en la prisión de San Francisco de Puerto Maldonado, hablan de una historia común de precariedad y vulnerabilidad de los derechos ciudadanos en Madre de Dios, que alcanza a las víctimas tanto como a las tratantes y presuntas tratantes de personas, detenidas en la región. Al menos en un caso, víctimas y presuntas tratantes se confunden en una misma persona. ¿Qué tipo de sarcasmo debe producirse en la realidad, para que la víctima de un delito contra la libertad acabe, ella misma, presa en la cárcel?

Once de las veinte mujeres que viven presas en el penal de San Francisco por el delito de trata de personas, se encuentran sin sentencia, detenidas bajo la modalidad de la prisión preventiva. Acusadas y sentenciadas en el penal, comparten también con las víctimas una historia común de migración: principalmente de Cusco y Puno, de donde provienen 12 de las 20 internas por este delito en la cárcel. El nivel educativo estaría expresando quiénes tienen, entre las mujeres sentenciadas provenientes de estas dos regiones, más posibilidades de terminar en una cárcel: cuatro de las nueve internas por trata de personas no había concluido la educación primaria, tres tenían estudios secundarios, y tan sólo dos habían concluido el colegio.

El perfil educativo de las que se encuentran detenidas preventivamente por trata de personas es algo distinto, y apunta hacia un mayor acceso a la educación. De las once detenidas, 7 tenían la secundaria incompleta, y las cuatro restantes se reparten a partes iguales entre la secundaria completa y la primaria incompleta. Entre estas últimas se encuentra Alejandrina.

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Víctimas rescatadas del bar regentado por Alejandrina Gallegos, en el campamento de Guacamayo–Pacal. Foto: Inforegión.

Tratante sentenciada 

¿Quién es Alejandrina? ¿Qué hechos la condujeron a la cárcel? Alejandrina es una robusta mujer de 34 años, que nació en la comunidad de Lacco Yavero, en el distrito de Quellouno, provincia de La Concepción, en el Cusco. Tiene el rostro redondo y relleno como una empanada, y el cutis cubierto con las marcas del acné, el pelo largo, lacio y negro, amarrado en una trenza. Viste unos leggins y un polo blanco, que le llega hasta los muslos y  que cubre una contextura corporal que a quienes crecieron en los años ochenta les haría recordar a  Esmeralda Checa, la cómica de Risas y Salsas, aunque, claro, sin las mismas florituras en su manera de hablar, ni misma voz aguardentosa. A Alejandrina la detuvieron el 23 de enero de este año, en un local de su propiedad llamado la Casa Rosada II, en el campamento de Guacamayo–Pacal, en la célebre quebrada del mismo nombre, explotada y devastada por mineros en vías de formalizarse, y después, por mineros ilegales. En la Casa Rosada, la Policía encontró a siete menores de edad, cinco de 16 años, y las dos restantes de 17, que habían sido captadas con falsas ofertas de empleo en Cusco y Puno. Junto con Alejandrina, la Policía también detuvo a Ebner Felipe Velarde Valdez (49), Jheovana Villafuerte Hancco (25), a Soledad Quispe Qquenta (con edad sin determinar), y a Arely Quispe Qquenta (21), que desde hace ocho meses, también se encuentra interna en el penal de San Francisco. Arely, una chica de Paucartambo, con tercero de secundaria, según contó a Frontera Pirata, había trabajado cuatro días en la Casa Rosada como dama de compañía cuando le encargaron la caja del negocio. Aquel mismo día la detuvo la policía.

El caso de Arely, como veremos en las siguientes entregas de nuestra nueva serie investigativa, De marginales a criminales, no es aislado. Según los datos que logramos recoger con la pequeña encuesta,  otras ocho damas de compañía –hay una, confirmada, que era víctima  de trata de personas–  que fueron encontradas fungiendo como cajeras de diversos locales, y purgan los meses de su prisión preventiva, o de su sentencia, en la cárcel de Puerto Maldonado.