De marginal a criminal. La historia de una víctima de explotación sexual y trabajo forzoso, detenida sin sentencia en el penal de San Francisco.

Trata-la-pampa
Foto aparecida en la Web de Radio Madre de Dios, junto con la noticia de la detención, del 29 de noviembre de 2016

No es inusual encontrar en el Km 108 de la carretera Interoceánica, en Madre de Dios, a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual convertidas en tratantes y en explotadoras. Y a tratantes de personas que, en su momento, fueron ellas mismas víctimas de trata de personas y explotación sexual. El paso entre la condición de víctima y agraviada, y el rol del explotador y  la responsabilidad penal imputada a los tratantes, es rápido y sutil. Basta con que una dama de compañía acepte de los dueños de locales clandestinos, como los del Km. 108, la responsabilidad de encargarse de la caja, para ser imputable. Y para borrar, con la imputación, su pasado reciente en la esclavitud.  Es el caso de Mayra Bastos García*, recluida preventivamente en el penal de San Francisco de Asis de la ciudad de Puerto Maldonado. Aquí su historia.

5 de noviembre de 2016

Una pelea escala peligrosamente cerca a las tiendas de la campaña de salud montadas en lo que funge de plaza en el Km.107. No se encuentran en esta plaza los clásicos edificios de los poderes del Estado, la municipalidad o la gobernación, ni tan siquiera los de la Iglesia, en tanto son otro tipo de locales, y de parroquianos, a los  suele verse en este lugar. Parroquianos como aquél, que ha salido expedido de las puertas de Miss Sagitario, y caído de espaldas, sobre el suelo polvoriento de la Pampa, libre de cualquier rastro de vegetación amazónica. Borracho, la cara ensangrentada por la paliza que acaba de recibir al interior del antro, tras él aparecen tres jóvenes furiosos y un plantel de mujeres en minifaldas, que busca contenerlos.

El Estado, en la figura de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, sin ninguna autoridad en la zona, ha debido solicitar permiso, no al alcalde del distrito de Tambopata, como correspondería en este caso, sino al presidente de la asociación que agrupa a los bares y prostíbulos clandestinos como el mismo Miss Sagitario, o el Golden, justo frente a las tiendas donde las especialistas en salud practican papanicolaus o reparten condones a chicas como Mayra Bastos García, que ha acudido a hacerse los chequeos respectivos.

Me toca tomarle los datos, y pasa, como una más entre las 116 mujeres, que tanto aquel día, como el sábado siguiente, se atendieron en las campañas de salud.

Campaña de salud en la Pampa
El autor del reportaje, tomando los datos de una de las chicas en el Km. 108, el 5 de noviembre de 2016. Foto: Virginia Rojas

 

Mayra.

Tiene 29 años. Nació en Pueblo Libre, en Lima. Entre abril y finales de septiembre de 2016, según el certificado expedido por la empresa, había trabajado como cajera en el supermercado Tottus, de la ciudad de Pucallpa, demostrando “eficiencia, honradez,  y responsabilidad en las funciones a su cargo”. Aquel 5 de noviembre, refiere tener un mes trabajando en el Casablanca, como dama de compañía. Mayra refiere trabajar allí los siete días de la semana, sin ningún día de descanso. Allí, también la han castigado, aunque no indica cómo. Estos últimos indicios apuntan a que es una víctima de explotación sexual y trabajo forzoso. Fuma, en promedio, cuatro cigarros diarios, bebe, con los mineros, una caja diaria de cerveza. Presenta un cuadro depresivo severo, pero no ha recibido ningún tratamiento, ni para su depresión, ni para su alcoholismo.

– Necesitas ayuda con los sentimientos que tienes – le preguntan, como parte de una encuesta inserta en el módulo de diagnóstico rápido de salud mental de la campaña.

– Si –responde.

Mayra, además, tiene estudios hasta el tercero de secundaria, y 3 hijos, que la esperan en Pucallpa.

Mayra Tottus
Certificado de trabajo expedido por los supermercados Tottus a Mayra Bastos García

25 de febrero de 2017: de víctima a presunta criminal

La pintura de las paredes del penal de San Francisco se descascara por el sol y la humedad en el camino de salida de Puerto Maldonado, hacia el Cusco. Un guardia vigila la primera puerta de entrada. Un espacio vacío, algo parecido a una calle,  circunvala a la pared que separa al recinto de la calle de los complejos en donde están las celdas. Para entrar propiamente a la cárcel es necesario pasar por lo que parece la aduana de un aeropuerto, en este caso, la aduana de un aeropuerto africano de provincias. Hay que mostrar el DNI, entregar el celular apagado a un custodio. La máquina de rayos X está arrimada en un rincón, inoperativa. Un último guardia, te catea.  Lo único que puedo ingresar es una libreta y un lapicero. Soy conducido a una salita, que toca tangencialmente el pabellón de los  hombres.

Si uno espera encontrar entre las presuntas tratantes que se encuentran detenidas a unas psicópatas con un historial horrible de esclavización y tortura, en el penal de San Francisco se llevará una enorme decepción.

La primera mujer que se me acerca tiene una rostro que me resulta familiar.

Ella también me ha reconocido.

– Usted es el de la campaña de salud– me dice.

– ¿Y tú qué haces aquí? –le pregunto, entre sorprendido y apenado.

Es Mayra. Me cuenta: pocos días después de la campaña de salud donde nos conocimos,  una tal Mary, y un tal Ricardo, propietarios del  Casablanca, la pusieron cargo de la caja. El 26 noviembre, once días después de la campaña de salud,  se suscitó una agria discusión entre una de las chicas, y un cliente que se negó a pagar un par de cervezas. En la versión de Mayra, la mujer, ebria, quiso agredir al parroquiano con una botella, cuando ella y Sandra Elizabeth Santos Esteban, cajera del turno de noche, también recluida en San Francisco, lograron aplacar a la agresora. Ésta se liberó, se dirigió a la cocina y regresó con un cuchillo.  Mayra y Sandra logran nuevamente desarmarla, y la chica y su hermana salen del Casablanca anunciando que denunciarían al local.

Como Mayra, otras 19 mujeres pasan sus días en la prisión de San Francisco, acusadas por trata de personas. De este total, 11 están encarceladas bajo el régimen de la prisión preventiva, sin una sentencia en firme. Quienes sufren esta modalidad de detención, en su gran mayoría, son los mandos menores de las organizaciones criminales que lucran de la trata de personas o, como es el caso de Mayra, sus víctimas. De las once mujeres detenidas preventivamente en el penal de San Francisco, dos eran dueñas de un local, otra era transportista, cuatro eran cajeras, y cuatro eran damas de compañía, es decir, ellas mismas, presuntas víctimas de trata de  personas y explotación sexual.

“El uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad”, dice la Guía práctica para reducir la prisión preventiva, de la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos. Si más de la mitad de las internas del penal de San Francisco se encuentran detenidas sin una sentencia en firme, está claro que, para el Ministerio Público en Madre de Dios, el uso de la prisión preventiva, lejos de ser excepcional, se usa a discreción, siendo el  uso discrecional de la prisión preventiva, “uno de lo signos más evidentes del fracaso de la administración de justicia”, continua el informe de la OEA.  Este abuso, finaliza el informe, resulta en “situación inadmisible en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia”.

 

 NombreApellidosLugar de nacimientoEdadGrado de instrucciónTiempo que se encuentra detenidaSituación legal de la detenidaTiempo de la sentencia¿Qué función cumplía en el local donde fue detenida?
1ArelyQuispe OquentaCusco (Paucartambo)21Tercero de secundaria8 mesesPrisión preventivaDama de compañía
2Jweleny RuthMallma QuispeMadre de Dios (Huepetuhe)24Primaria19 mesesSentenciadaDueña del local
3Mayra LuisaBastos GarcíaLima29Tercero de secundaria9 mesesPrisión preventivaCajera. Dama de compañía
4Sandra ElizabethSantos EstebanHuánuco31Superior incompleta9 mesesPrisión preventivaCajera.
5CeliaHuallpa RamosCusco (Calca–Comunidad de Parcco)30Segundo de secundaria52 mesesSentenciadaDueña
6MarleniAndia ChicchiCusco33Tercero de secundaria6 mesesPrisión preventivaTaxi a pedido
7Nancy YovanaArucutipa CcallomamaniPuno (Challacollo–Arenales–Acora)Tercero de secundaria38 mesesSentenciadaEra la encargada
8RosalíaYucra de la CruzArequipa33Segundo de secundaria15 mesesPrisión preventivaCajera
9Carina BrendaNavarro BerríosJunín (Tarma)37Primero de secundariaEl caso es de noviembre de 2013Prisión preventivaDueña.
10Carla SoledadParhuayoPuno33Cuarto de secundaria5 mesesPrisión preventivaCajera
11FrineyPillaca CorasAyacucho43Tercero de primaria16 mesesPrisión preventiva
12FortunataRodríguez SánchezCusco (Quillabamba)49Tercero de primaria2 mesesSentenciada12 añosPareja del dueño
13María ElenaCarrillo HuamánCusco (Quillabamba)49Primero de secundaria42 mesesSentenciada12 añosDueña
14YaquelinApaza QuinaPuno (Moho)27Secundaria incompleta19 mesesSentenciada12 añosDueña
15Miriam YeniRivera CántaroUcayali (Aguaytía)23Tercero de primaria3 mesesPrisión preventivaDama de compañía
16Soledad OlgaHerrera HerreraPuno (Deustua)44Secundaria3 mesesPrisión preventivaInquilina
17Helen RosarioUrquizo RodríguezArequipa (distrito de Toro)28Secundaria completa1 mesPrisión preventivaDama de compañía
18AlejandrinaGallegos TorresCusco (Laco Llavero)34Segundo de primaria8 mesesSentenciadaDueña
19MarlenyQuispe CcallomamaniPuno (Ilave)24Secundaria completa65 mesesSentenciadaDama de compañía
20Juana MargotQuispe ArqqeCusco37Primaria incompleta36 mesesSentenciadaDueña

Estacionamiento táctico

En el acta de recepción de la denuncia verbal que recibió el ST1 Adolfo Tunado Dávalos, en una unidad de la Policía de carreteras de Mazuko, consta que, en circunstancias en que el personal de la PNP realizaba (un) estacionamiento táctico en el sector antes  indicado, se hicieron presentes las denunciantes […].

La denuncia sigue: el 26 de noviembre de 2016, a las 10 de la mañana, ambas presuntas víctimas se habían dirigido a una agencia de empleo en San Juan de Lurigancho, en Lima, donde las entrevistó una mujer llamada Paola. Paola les ofreció un trabajo, en principio, como nana de una menor de edad, y cocinera. A ambas las trasladaron a la ciudad de Arequipa, donde las recibió otra mujer: Mary, a quién Mayra sindica como la presunta propietaria del Casablanca, quién les entregó los boletos para que siguieran el viaje hacia Puerto Maldonado. Una vez en la Pampa, recibieron la llamada telefónica de la Sra. de nombre Sandra, para luego llevarlas a un local donde funcionaba un bar, alojándolas en una habitación de dicho local […] indicándoles que tenían que trabajar en el bar como chicas de compañía, tomando bebidas alcohólicas con los clientes y de lo cual ganarían un porcentaje […]. 

Quién aparece en la denuncia bajo el nombre de Sandra, es Sandra Elizabeth Santos Esteban, como se dijo, cajera del turno de noche del Casablanca, quién, según las denunciantes, las habría amenazado, advirtiéndoles que, de negarse a trabajar,  saldrían muertas, encerrándolas en el local, prohibiéndolas de salir a la calle en todo momento.

El caso del Casablanca es curioso. Según una noticia aparecida en Radio Madre de Dios, el 26 de octubre anterior se había realizado un operativo que terminó con el rescate de 16 presuntas víctimas del local, y que identificó a Sandra Elizabeth Santos Esteban como cajera de este local. En la noticia ya estaba descrito el modus operandi de la presunta red de tratantes: la agencia de empleo en San Juan de Lurigancho, el paso por Arequipa, los nombres de  pila de los dueños. Un mes después, la Policía vuelve a intervenir el local, por exactamente el mismo motivo, y vuelve a detener a Sandra Elizabeth Santos Esteban, a la que vuelven a sindicar como cajera.

¿Qué había hecho la policía y el Ministerio Público entre una denuncia y otra? ¿Por qué en el primer caso dejaron en libertad a Santos Esteban, y en el segundo la detuvieron y la enviaron a prisión?

No existen rastros de que los policías estacionados en la Carretera  que reciben esta segunda denuncia, hicieran una investigación y comprobasen lo que las presuntas víctimas afirmaron.  Sentada la acusación, el acta de recepción de la denuncia establece que la PNP coordinó con la comisaría de Mazuko y con el fiscal especializado en trata de personas, Luis Alberto Sánchez, y que la segunda intervención al Casablanca se produjo al día siguiente, el 27 de noviembre de 2016, a las 15:20 horas.

Hallaron a diez mujeres, y entre  entre ellas detuvieron a Mayra, que con características que identifican a las víctimas de trata de personas y trabajo forzoso, hoy está presa en la carcel de San Francisco, sin una sentencia en firme.

Acta de recepción de denuncia

Conversación el fiscal. 

¿Por qué el Ministerio Público y Policía detienen preventivamente a cajeras y damas de compañía, e incluso, a las mismas víctimas de trata de personas en la Pampa?

Frontera Pirata conversó con el fiscal Luis Alberto Sánchez, que lleva la investigación de este caso, y que dirige la Fiscalía Especializada de Trata de Personas en Madre de Dios, y, además de preguntar por la situación de Mayra, le hizo también esta última pregunta.

– No es conveniente que hablemos de un caso concreto –respondió. Lo que podría decirle es que muchas veces la víctima se vuelve victimaria, se genera un capital y se arriesga a ser intervenida. La cocinera, el mozo que está encargado del bar, no es una persona, como muchas veces se ha tenido conocimiento, que llega así, como un aventurero, dos días antes de la intervención.

Esto último es como mínimo discutible. Mayra tenía un mes o menos de estancia en la Pampa, cuando se atendió en la campaña de salud. Y a lo sumo tendría dos meses de residencia en el Km. 107 cuando le fue encargada la caja del Casablanca. En situaciones comunes, es verdad que nadie entregaría la caja de su negocio a un empleado que recién tiene dos meses en la empresa. Pero es que las situaciones empresariales en la Pampa están lejos de ser comunes.

Pero más importante es que, situadas las personas en contextos como los de un prostibar en la Pampa, donde mujeres como las presuntas agraviadas de este caso trabajan bajo amenaza de muerte, nos preguntemos: ¿para el Estado peruano la condición de víctima desaparece en cuanto estas personas son forzadas a cometer un delito, un delito, paradójicamente, cometido en un territorio como la Pampa, famoso por no tener ley?

*Un consentimiento informado, acordado con Mayra Bastos García, autorizó a esta página a la publicación de su nombre y los datos aquí expuestos.

 

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