La hipocresía organizada.

La experiencia de la miseria en el sistema de lucha contra la trata de personas y la atención de sus supervivientes en el Perú.

Hace unos diez años, fascinado por la historia de Carlos Fermín Fitzcarrald, por el espíritu épico de Werner Herzog y la locura de Klaus Kinski, y deslumbrado por la obra filosófica de Giorgio Agamben, postulé y fui aceptado en el doctorado en antropología de la Universidad de Oxford para investigar la esclavitud en Madre De Dios.

Parecía la oportunidad de mi vida pero, tras darle varias vueltas, terminé declinando la oferta. Por varias razones, la principal, porque no creo tener un carácter afín a la vida académica. Mientras echaba por la borda mi carrera en la universidad, había comenzado a escribir literatura y a interesarme por el periodismo. Tenía mucha información histórica sobre Madre de Dios ya recopilada, y la posibilidad de volver al Perú. Así que me propuse escribir un libro, una suerte de etnografía no autorizada por la academia, sobre las formas esclavistas contemporáneas en Madre de Dios.

El asunto presentaba sus complicaciones. La primera de ellas, el financiamiento. Para investigar se necesita plata. La solución que encontré a este problema pasó por la realización de algunas consultorías para ONG especializadas. Parecía perfecto: me pagaban por investigar, y además, evitaba los formulismos y las formalidades de un sistema académico al borde la caducidad.

La realidad, claro, estaba por meterme una patada de burro en el cerebro. Las ONG tienen intereses, tienen una agenda política, al igual que los funcionarios en el Estado y en los ministerios. Se aproximan a la realidad a partir de una intención parcial, y en función de los réditos que esperan obtener. De la realidad, chapan los datos que les convienen, y se quitan.

Era de prever que la voluntad de investigar la realidad de la esclavitud en su totalidad, de saque, entraría en conflicto con las agendas políticas de estas instituciones. De lo que no tenia ni idea era de hasta qué punto. Pues bien, hasta el punto en que ellas han terminado por reclamar a gritos ser comprendidas en un proceso de investigación que hoy, espero, pueda dar por concluido.


La esclavitud es una institución humana, legal hasta hace no tanto tiempo. Pero también es un sistema de dominación, es un negocio, y una expresión de la salvaje desigualdad social que subsiste en países como el Perú. Los tres elementos son consustanciales a este crimen contra la humanidad. No se puede, pues, atacar el delito y abandonar a sus supervivientes, o pretender estar lidiando con el fenómeno mientras el Estado no invierta seriamente en salud, educación y empleo en los distritos y las comunidades de donde suelen forzarse a la migración a quienes luego son captadas por las redes de la trata de personas.

Tampoco se puede pretender que se da atención a las víctimas sin confrontar a sus reales agresores. Hacer esto último equivale a subsidiarles las multas, salvarlos de sus responsabilidades, y evitarles las penas y el escarnio moral que deberían estar pagando.

Eso es lo que sucede en la lucha contra la trata de personas y en la atención de las víctimas en el Perú. Unos se juerguean y los demás recogemos los destrozos.


Entre septiembre y octubre de 2016 la ONG Promsex me contrató para la realización de un estudio sobre la situación de la salud entre las mujeres del Km.107 de la Carretera Interoceánica, la puerta de entrada a los campamentos de la minería ilegal en Madre de Dios. Un estudio que luego sería publicado por la misma institución y que contaría como co autora a su directora, Susana Chávez.

El estudio incluyó el diseño de una serie de indicadores que permitieran distinguir, entre las mujeres, a aquellas que estaban sometidas a explotación laboral, explotación sexual, trabajo forzoso y esclavitud. El trabajo de campo se organizó en torno a dos campañas de salud, la primera llevada a cabo 5 de noviembre de 2016, en la pequeña plaza que han llegado a conformar los puticlubs de la zona.

El autor del testimonio, tomando los datos de una de las chicas en el Km. 108, el 5 de noviembre de 2016. Foto: Virginia Rojas García.

 

Yo estuve en esa primera campaña, tomando los datos iniciales de buena parte de aquellas 116 mujeres. Pero hubo una cuyo nombre difícilmente podré olvidar. Era una dama de compañía –una de las tantas mujeres que trabaja acompañando a los mineros a beber cerveza, y eventualmente, les vende sus servicios sexuales– en el Casablanca. La señora Mayra Bastos García. Ella es la razón por la que escribo este testimonio.

La historia de Mayra contornea con total precisión al sistema de la hipocresía organizada en torno a la lucha contra trata de personas en el Perú y dibuja, con lujo de detalles, a los intereses subalternos, a la cobardía y al desprecio por la verdad que habitan en él.


Foto aparecida en la Web de Radio Madre de Dios, junto con la noticia de la detención, del 29 de noviembre de 2016

En febrero de 2017 ingresé al penal de San Francisco de la ciudad de Puerto Maldonado, con la intención de encuestar a quienes estuvieran presos por trata de personas. Mi sorpresa fue mayúscula al encontrar a Mayra entre las internas. Fue ella quien me reconoció. La habían detenido un par de semanas después de la campaña de salud que organizó Promsex. Los dueños del Casablanca la habían puesto a trabajar en la caja, y fue allí donde la encontró la policía y el Ministerio Público, durante una intervención. La historia completa de cómo terminó en la cárcel está publicada en el siguiente enlace:

De marginal a criminal. La historia de una víctima de explotación sexual y trabajo forzoso, detenida sin sentencia en el penal de San Francisco.

Al volver a Lima, busqué a Mayra en la base de datos a la que se volcaron las encuestas de ambas campañas de salud. Estos eran los resultados relevantes de su caso.

Mayra Bastos García, en ese momento con 29 años, natural de Pueblo Libre, Lima. Al 5 de noviembre de 2016, llevaba un mes viviendo en la La Pampa. Había hecho saltar dos indicadores que permitieron identificarla como víctima de trabajo forzoso: no le permitían salir libremente del Casablanca (donde también vivía), y había estado sujeta a castigos por parte de sus empleadores. Presentaba un severo cuadro depresivo y consumía, con los parroquianos que se acercaban a su local, una caja diaria de cerveza, en promedio. Los 7 días de la semana.

En este punto, vale recordar 3 hallazgos importantes de Los cuadernos del Embassy´s, la investigación que he venido realizando sobre trata de personas y tráfico de cerveza en La Pampa.

1. Backus y Johnston, que ha tenido como director a Pedro Pablo Kuczynsky, ex presidente de la república, y a Fernando Zavala, ex primer ministro, como gerente general, controla casi el 100% del mercado de la cerveza en el Perú.

2. El 75% de los ingresos brutos de un prostibar proviene de la venta de cerveza. El negocio de estos locales es la venta de cerveza, no la explotación sexual.

Frontis del prostibar Las Gatitas, en un campamento de la minería ilegal, ofreciendo dos botellas de cerveza por 15 soles. Los Cuadernos del Embassy´s, la investigación de Frontera Pirata sobre la trata de personas y el tráfico de cerveza, demostró que el 75% de los ingresos brutos de uno de estos locales provenía de la venta de cerveza. Foto: Rodrigo Abd.

 

3. La corporación Backus y Johnston tiene a un distribuidor, C&C Distribuciones Candia, en el mismo Km. 107 de la Carretera Interoceánica. Fidel Caviedes, el propietario de esta empresa, vende, por confesión propia, millón y cuarto de soles al mes, a los prostibares y campamentos de la minería ilegal de donde se han rescatado a cientos de mujeres viviendo en situación de esclavitud. Vender cerveza allí es como arrojar gasolina a un incendio.

Por razones políticas y financieras, el Estado y las ONG en el Perú han evitado sistemáticamente abordar la trata de personas con fines de explotación sexual como lo que es: un negocio. Porque todos saben que, si se sigue al dinero que fluye por las dos cadenas de suministros que proveen las mercancías que se venden en un prostibar: mujeres y cerveza, se dará con el eslabón en el que confluyen la esclavitud y nuestra compañía cervecera de bandera.


La política oficial peruana establece que la trata de personas es la consecuencia de economías ilegales o informales, como el narcotráfico o la minería a pequeña escala. Otra verdad a medias. La trata de personas también aparece –sobre todo con fines de explotación sexual– alrededor de campamentos mineros y petroleros, perfectamente legales. Lo que pasa es que este delito no se persigue, o no con la misma vehemencia, en los alrededores de los campamentos de Yanacocha, o de las instalaciones de Volcan, o de Southern, o de empresas petroleras en la selva, cuyos empleados –hombres separados de sus familias, o solteros– suelen ser los usuarios clientes de prostibares como los que abundan en Madre de Dios.

Los más férreos defensores de esta política coja, que aborda a la trata de personas solo parcialmente –nunca, cuando de por medio hay intereses corporativos– se encuentran agrupados en una ONG que monopoliza el financiamiento de USAID. Más que una ONG, CHS–Alternativo es un grupo de lobbistas, que cada 5 años busca influir, o directamente controlar el Ministerio del Interior. ¿Quiénes son sus directores? Carlos Basombrío, Ricardo Valdés (y otros), que fueron ministro y viceministro de interior para Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala –no lo olviden– ex director y gerente general de Backus y Johnston, respectivamente.

Del perverso vínculo entre la trata de personas y el tráfico de cerveza también saben una fiscal especializada y una juez. Me refiero a la doctora Rosario López Wong, y a la doctora Elvia Barrios. ¿Han solicitado una investigación a Caviedes, o la intervención de su empresa, C&C Distribuciones Candia (que vende cerveza sin factura pero, milagrosamente, aparece en la Sunat entre los principales contribuyentes de la región)? ¿Es que han sentado a los gerentes o directores de Backus a una mesa y, siquiera, les han metido su buena regañada: señores, esto no puede continuar? No. Recibieron la información, y no hicieron nada.


Desde que me cruzara con ella en la cárcel de San Francisco, converso con Mayra a menudo. Últimamente, suele llamarme desde el teléfono público del penal, casi una vez por semana. Desde un inicio le ofrecí mi declaración como testigo ante un juez. ¿Qué iba a contar? Dos cosas.

La primera: que como antropólogo profesional (para algo tenían que servir los títulos académicos) con once años de experiencia investigando las diversas formas esclavistas que se han producido en Madre De Dios, había identificado a Mayra Bastos García como víctima de trabajo forzoso durante una campaña de salud.

Y la segunda: que el fiscal a cargo de la investigación, el doctor Luis Alberto Sánchez, obvió un testimonio del que tenía plena noticia. La historia de la detención de Mayra está contada en este link, que envíe a Sánchez por Whatssap. Como comproborán en lo que sigue, también omitiría otras pruebas.


¿Sanchéz es un mal investigador? Lo es. Pero no es a su impericia como detective a lo que responde su manera de actuar al mando de la fiscalia especializada en trata de personas en Madre de Dios. Una dirección que se ha centrado en detener, procesar, y obtener sentencias para mozos, damas de compañía, cajeras, en fin, en investigar a los giles del delito. El caso de Mayra demuestra que también castiga a sus víctimas.

¿A qué responde entonces su conducta? Aquí aparece, nuevamente, CHS–Alternativo.

En un libro firmado por Basombrío y Valdés, ambos proponen lo siguiente:

“[…] si tomamos como referencia la información proporcionada por el Ministerio Público, que indica que entre el 2009 y el 2013 la Fiscalía encontró indicios razonables para imputar cargos por trata de personas a 2700 personas, y lo comparamos con las 45 personas que se encuentran sentenciados y purgando cárcel,nos encontramos con un ratio de impunidad del orden de 0,016%, es decir, que menos de dos imputados de cada 100 terminan cumpliendo una condena en cárcel.(Trata de personas e inseguridad ciudadana, Pg. 66)”

Los dos tienen un interés particular en que haya más sentencias por trata de personas: este número es uno de los indicadores con que justifican el dinero que CHS–Alterantivo recibe de la cooperación norteamericana. No miran que los casos deben investigarse uno por uno, ni que el dictado de una sentencia debería ser la consecuencia de un cuidadoso proceso de evaluación de las pruebas. Que aún, una sentencia condenatoria no tendría porqué estar reñida con un mínimo de humanidad. Lo digo, porque he sido testigo de cómo un juez condenaba a 12 años de prisión a una tratante que no sabía leer ni escribir, en ausencia de un defensor de oficio. Días después, la mujer aún no entendía qué había sucedido. No tuve ni el corazón ni las agallas para ser yo quien le comunicara que pasaría los siguientes 12 años de su vida en la cárcel, y le sugerí que mejor hablara con su abogado. La historia la pueden leer aquí.

La obsesión por el número produce situaciones como la anterior. La fijación por la estadística hace que el número se vuelva un fin en sí, y que se repita como un mantra en los talleres de capacitación para operadores de justicia que suele impartir CHS–Alternativo, de los que el fiscal Sánchez, claro, es caserito. Estamos hablando, pues, de la interferencia del poder ejecutivo en el Ministerio Público, por una interpósita institución, en este caso, una ONG. Todo ello bajo el halo de la más justa de las causas.


Después de dos abogados que en 18 meses no lograron nada, Mayra tuvo la buena suerte de encontrarse con la doctora Elizabeth Fernández, una abogada de oficio. Para la doctora Fernández, Mayra es una víctima de trabajo forzoso. En eso se basa su defensa. Una víctima que el Ministerio Público y el Poder Judicial condenaron a 8 años de prisión –vaya ironía –, por trata de personas.

En este tiempo, además de mi testimonio, surgieron tres pruebas adicionales que sustentan la teoría del caso de la doctora Fernández. La primera: Mayra es mencionada como víctima de trabajo forzoso, por sus iniciales, en la página 88 del libro que Susana Chávez y yo publicamos con Promsex: Espacios de frontera y excepción.

Espacios de frontera y excepción

La segunda: el formato físico de la encuesta que se le aplicó durante la campaña de salud, que permitió la identificación de Mayra como víctima de trabajo forzoso. Y la tercera: la entrada correspondiente a Mayra en la base de datos a la que se volcaron todas las encuestas.

Durante el pasado mes de julio, había surgido la oportunidad de solicitar la introducción de estos nuevos elementos probatorios (lo que de por sí habla del pésimo trabajo de investigación que hizo la fiscalía especializada de Madre de Dios) que podían ayudar a anular la sentencia de 8 años que pesa sobre Mayra.

Mi testimonio ya lo tenía. La publicación de la que soy co-autor, valga la redundancia, es pública. Faltaba la encuesta en físico, y la entrada correspondiente a Mayra en la base datos. Ambos elementos probatorios habían sido entregados por mí a Promsex cuando concluyó la investigación. Correspondía, pues, que fuera Promsex quien hiciera una entrega formal de las pruebas.

Mientras escribía por primera vez la historia de Mayra para Frontera Pirata, Susana Chávez, la directora de Promsex, me pidió expresamente no mencionar a su institución. Su solicitud fue escrupulosamente respetada. Hasta ese momento, la mención u omisión de Promsex no agregaba ni quitaba a nada la historia. Como comprobarán por lo que sigue a continuación, esa situación ha cambiado radicalmente.


Abierta la posibilidad de introducir nueva evidencia en el caso de Mayra, ella y su abogada me pidieron obtener de esta ONG las pruebas que necesitaban. El 18 de julio, la primera persona a la que contacté en Promsex, fue a la Coordinadora de fortalecimiento de capacidades, la señora Sara Ramírez Zubillaga. A ella le solicité, por teléfono y por correo electrónico, el formato físico de la encuesta hecha a Mayra. La señora Ramírez respondió que ya no tenían los documentos. Insistí requiriendo una carta institucional que expresara eso mismo: que ya no tenían las pruebas, algo que se pudiera presentar en un juzgado.

Un par de horas después, la señora Chávez me llamó furiosa por el teléfono, a decirme que debí haber coordinado el pedido. Luego se negó de plano a entregar cualquier información, y finalmente insistió en que no tenían nada, que las encuestas habían sido destruidas. Aquella tarde, le escribí este mensaje por el whatssap.

Al día siguiente, la doctora Fernández les escribió por correo electrónico, buscando obtener estos mismos documentos. Nuevamente, la señora Chávez respondió que no los tenían. Ese día, también, la señora Chávez respondió a mi mensaje del Whatssap.

No voy a mostrar las capturas de pantalla de la conversación, pero básicamente me pidió tener en cuenta que el consentimiento informado acordado con Mayra durante la campaña de salud, tenía a la investigación como su único objeto.

“te pido no mencionar a Promsex, no tienes autorización para involucrarnos a nosotras, y espero que me asegures eso”.

Lo cierto es que, quisiera o no, atendiendo a esta persona en una campaña de salud auspiciada por sus donantes, Promsex ya se había involucrado. Mayra ya me había dado su permiso para mencionarla con nombres y apellidos, y que mis obligaciones de reserva con esta intitución concluyeron una vez finalizado mi contrato. Mi respuesta también pasó por recalcar que no era yo quien pedía esas pruebas, es Mayra, a través de su abogada, y ambas a través de mí. El nombre de Promsex, claro, es problema de Promsex.

La señora Chávez volvió a insistir:

La evidencia eres tú. No necesitas una ficha y puedes sustentar (sic). Al pedirnos la ficha nos obligas a participar en el proceso y más que implicancias institucionales para nosotras y para nosotras nos pone en riesgo una estrategia para trabajar en la pampa (sic)

No tengo elementos suficientes para asegurar que la encuesta física de Mayra Bastos continúe en las oficinas de Promsex –aunque fuentes que prefierieron permanecer anónimas indicaron que sigue allí –. Mediante su respuesta, la misma señora Chávez me dio a entender que aún tenían la prueba, pero que no les daba la gana de entregarla. Desde mi punto de vista, el correo que enviara la señora Ramírez, y el que respondería la señora Chávez a la abogada de Mayra, son mentira. Sin pruebas más contundentes, eso claro, no deja de ser una percepción.

De lo que sí tengo certeza, es que Promsex y Susana Chávez aún tienen la base de datos. Y que en ella está la entrada correspondiente a Mayra. ¿Cómo lo se? Porque durante la primera semana de febrero de 2017 se las envié en varios formatos electrónicos (SPSSS, Excel), y el correo con el adjunto se guardó en mi carpeta de “Enviados”. Una de los sustentos de este caso está en la bandeja de entrada del correo institucional de la señora Chávez. A mi me tomó menos de un minuto correr una búsqueda y encontrarlo.

Ignoro otras razones por las que la señora Chávez no haya querido ser coherente con los hallazgos de un libro en el que ella aparece como coautora. En efecto, no se a qué estrategia para La Pampa se refiera, ni qué tan crucial pueda ser este proyecto superior para la supervivencia de la especie, que le ha impedido a Promsex devolver una puñetera encuesta y con ello facilitar que una mujer se reencuentre con sus hijos fuera de la cárcel. No lo se, y espero jamás poder entenderlo.


Que mi testimonio aparezca publicado ahora no es casualidad. Hace unas dos semanas, los magistrados Fredy Aduviri Jaliri, Eduardo Tito Calla y Eliana Simona Ayca Rejas, denegaron la solicitud de introducción de nuevos elementos probatorios en el caso de Mayra Bastos García. La justificación: la solicitud es extemporánea. Con esta leguleyada de quinta, ellos también, sacrifican la libertad de esta persona, por haber sido asignada a la caja en un prostibar, en un contexto en el que, por menos de una desobediencia, puedes aparecer muerta en una cuneta.


Son ya muchos años investigando a la esclavitud en Madre de Dios. Durante este tiempo, he visto restos de cuerpos carbonizados en una fosa, a bebés con un balazo en la cabeza, a madres y abuelas devastadas por el dolor, junto a una tumba. He visto a una turba rociar con gasolina y prender fuego a un asaltante, estando él aún en vida, y a una infinidad de personas cegadas por la codicia y movidas por la desesperación. La minería ilegal del oro y el Estado peruano han desatado una guerra de baja intensidad, con sus víctimas, sus asesinos, sus políticos y sus mercenarios.

En este tiempo, también, le he dado la mano a asesinos, he compartido la mesa con tratantes de personas, he conversado con violadores, me he reído con policías corruptos, y todo un plantel de sinvergüenzas alguna vez me dieron su palabra, y la honraron. De ninguno podría decir que fuera gente irrespetuosa, o maleducada. Por el contrario, entre ellos hay personajes realmente simpáticos. Alguno habrá con quien haya trabado el tipo de amistad que permiten las circunstancias.

Ninguna de estas imágenes, ninguna de estas personas, ha arañado mi salud mental ni me ha golpeado tan de lleno en la humanidad, como la miopía, la indolencia, la mezquindad y los pequeños apetitos de la política a escala mínima, que practican burócratas felizmente casados con sus escritorios. Burócratas que viven aterrados ante la posibilidad de perder un financiamiento o un empleo, como los arriba mencionados. A estos secretarios dedico mi amargura.

Quedan todavía algunos datos que merecerían la pena ser investigados, pero me parece que se cierra un capítulo. Llevo en el corazón a unos pocos compañeros de viaje que hicieron de la inmersión en la oscuridad de la denigración y la esclavitud una aventura enriquecedora, vital, y una experiencia como pocas, profundamente humana.

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